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No había ocurrido antes, desde la invasión a
Antofagasta en 1879, el origen del conflicto bilateral, que Bolivia
sentara en el banquillo a Chile en un tribunal. Como van los trámites,
esto es posible, considerando que el Gobierno de Santiago no ha
expresado interés oficial de desconocer la jurisidicción de la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que desde el 24 de abril
tiene entre sus jueces la demanda boliviana para el acceso soberano al
mar.
“(El proceso) está en pleno curso porque la
demanda ha sido admitida formalmente”, dice el agente boliviano para el
caso, Eduardo Rodríguez Veltzé, en una entrevista publicada el 28 de
julio en el suplemento Animal Político de La Razón.
La certeza del funcionario, también embajador de Bolivia en los Países
Bajos y expresidente de la República (2005-2006), tiene su argumento en
la primera reunión que sostuvo con su par chileno, Felipe Bulnes, y el
titular de la CIJ, Peter Tomka, en La Haya, cuando el 12 de junio
acordaron los plazos para la presentación de las memorias. Bolivia debe
hacerlo hasta el 17 de abril de 2014 y Chile, hasta el 2 de febrero de
2015, poco menos de un año después.
Luego de la
presentación de la demanda, será el segundo paso que deberá cumplirse en
el proceso. En criterio de Rodríguez Veltzé, en esa fase se consignarán
documentos históricos, diplomáticos y jurídicos con relación al
requerimiento de Bolivia de parte del tribunal internacional.
Según el pliego presentado el 24 de abril, La Paz considera que la CIJ
debe emitir su fallo sobre tres aspectos: a) Chile tiene la obligación
de negociar con Bolivia con el fin de alcanzar un acuerdo que otorgue a
Bolivia una salida plenamente soberana al océano Pacífico, b) Chile ha
incumplido dicha obligación y c) Chile debe cumplir dicha obligación de
buena fe, pronta y formalmente, en un plazo razonable y de manera
efectiva, a fin de otorgar a Bolivia una salida plenamente soberana al
océano Pacífico.
¿Cuál es la esencia del proceso?
“Es la búsqueda de justicia, de una solución conveniente y equitativa,
que restituya a Bolivia una salida soberana y que ésta sea de manera
convenida y de buena fe con Chile”, responde Rodríguez Veltzé.
Bolivia, a través del gobierno de Evo Morales, tomó la decisión de
acudir a la CIJ luego de sopesar posibilidades entre seguir sometida a
la dilación histórica sobre el diferendo por parte de Chile y la
resolución de éste por otra vía más pragmática, aunque compleja: el
juicio.
El 23 de marzo de 2011, durante los actos
del Día del Mar en La Paz, Morales sorprendió al país y al mundo, y
generó desazón en Chile, al anunciar un juicio internacional por la
recuperación del acceso soberano al mar. “La lucha por la reivindicación
marítima que ha marcado la historia, ahora debe incluir otro elemento
fundamental: el de acudir a los tribunales y organismos internacionales
demandando el derecho de una salida libre y soberana al Pacífico”, dijo
en esa ocasión. Poco más de dos años después, el 24 de abril de 2013, la
demanda contra Chile era un hecho; fue instalada en La Haya.
Mientras Morales dijo que la admisión de la demanda fue histórica y
para el regocijo nacional, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, se
comprometió ante sus connacionales a defender la soberanía de su país.
“Utilizando todos los instrumentos de los tratados y del derecho
internacional, este presidente va a defender con toda la fuerza del
mundo cada metro cuadrado de nuestro territorio y de nuestro mar”,
desafió luego tras acto en La Haya.
En julio de 2006,
Morales y su colega chilena de entonces, Michelle Bachelet, habían
establecido una nueva era en las relaciones bilaterales con la
institución de la llamada “agenda de 13 puntos”. Por primera vez, el
acuerdo incluía la discusión del “tema marítimo”. Según recuerda el
pliego judicial, el Mecanismo Bilateral Bolivia-Chile de Consultas
Políticas, reunido entre el 12 y 14 de julio de 2010, definió buscar
“soluciones concretas, factibles y útiles” con relación al punto en
cuestión. “Para este propósito, se programó una reunión para noviembre
de 2010. Sin embargo, alcanzada esa fecha, Chile suspendió
unilateralmente la reunión. Las negociaciones nunca se reanudaron”.
Tres meses después, el 7 de febrero de 2011, el canciller de Chile,
Alfredo Moreno, se reunió con su par de Bolivia, David Choquehuanca, en
La Paz. Si bien fue histórica, la cita no pasó de ser formal. “Estoy muy
contento de estar aquí. Vamos a trabajar mucho, con mucho esfuerzo, de
manera de poder ir avanzando en los temas que tenemos con Bolivia”, dijo
aquella vez el jefe de la diplomacia chilena.
Para
entonces, el gobierno de Morales esperaba impaciente una eventual
propuesta de parte de Chile. “Qué bueno sería que haya una propuesta
concreta hasta el 23 de marzo”, dijo el Mandatario en una rueda de
prensa el 17 de febrero.
Unas semanas después, la
respuesta desde Santiago fue contraria y obvia. “No es un problema de
propuestas de Chile”, replicó el canciller Moreno, quien consideró que
“ambos países tienen la misma responsabilidad, las mismas obligaciones y
el mismo interés en avanzar”.
A partir de entonces,
las declaraciones altisonantes entre autoridades de ambos países fue
moneda común. El 31 de mayo de 2011, en una desaprensiva declaración
respecto del cruce verbal con La Paz, el ministro chileno de Defensa,
Andrés Allamand, sacudió las sensibilidades en el país y el vecino.
“(Chile) es un país que tiene en su posición todo el amparo del derecho
internacional y, por último, tiene Fuerzas Armadas prestigiadas,
profesionales y preparadas, que están en condiciones de hacer respetar
los tratados internacionales y de cautelar adecuadamente la soberanía y
la integridad territorial”.
Ni Chile ni Bolivia se
callaron siquiera para guardar la compostura diplomática, siempre fue
así. Si en enero de 2004, durante la Cumbre de las Américas de
Monterrey, el impasse de los presidentes Carlos Mesa y Ricardo Lagos
terminó con la conminatoria de “diálogo aquí y ahora” por parte del
chileno, el 22 de enero de 2011 Morales y Piñera defendieron su postura
sobre la historia. “Atacama antes era Bolivia, esperamos recuperarla
pronto”, desafió el Presidente de Bolivia en un mensaje a la nación por
el primer año de su segundo mandato. Al día siguiente, su colega chileno
hizo el contrapunto: “Atacama es y seguirá siendo chilena”.
El último fuego cruzado presidencial se produjo el 28 de enero, durante
la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(Celac), en Santiago. Morales encaró en casa propia a Piñera, que,
bastante enojado, respondió que “los temas de soberanía no se negocian,
excepto (NdR: esta palabra fue negada en Chile) por asuntos económicos”.
Suspendidas las relaciones diplomáticas entre ambos países en 1978 y
con el proceso en La Haya en curso, no hay posibilidad de diálogo con el
gobierno de Piñera. Ya lo dijo Morales, según informó el 31 de enero la
ministra de Comunicación, Amanda Dávila. “Con el gobierno (de Piñera)
no es posible dialogar, no hay posibilidad de dialogar; eso es lo que él
cree (Morales)”, afirmó la vocera gubernamental.
Chile elegirá en noviembre al sucesor de Piñera. Bachelet cobra fuerza.
Rodríguez Veltzé prefiere fiarse de la CIJ. “La Corte nos habrá dado la
razón y Bolivia y Chile habrán encontrado un derrotero de concordia y
armonía”, dice.
Un juicio por la restitución de la justicia
Aunque horas después de la presentación de la demanda en la Corte
Internacional de Justicia de La Haya Chile consideró que el pliego
judicial “no tiene fundamento”, Bolivia cree que el juicio pretende
restituir un acto de justicia ante el propósito del país de volver al
mar.
“Que se atienda intereses mutuos y, sobre
todo, se repare una situación que no la provocamos quienes somos parte
de esta generación; nosotros no fuimos parte de la guerra ni quienes
viven hoy en Chile. Somos tres generaciones posteriores a aquella que
tuvo que enfrentarse por las armas”, dice el agente boliviano para la
causa, Eduardo Rodríguez Veltzé.
El 24 de abril, el
ministro del Interior de Chile, Andrés Chadwik, dijo que la demanda “no
tiene argumento jurídico” y que su país se expresaba tranquilo ante la
acción. Además, en Santiago se dijo que el juicio implicaba una
provocación. En respuesta, el titular de la Dirección de Reivindicación
Marítima (Diremar), Juan Lanchipa, responde que, con la causa, Bolivia
demuestra “su vocación pacifista”.
Una historia que no se resuelve hace 134 años
Cuando nació el 6 de agosto de 1825, Bolivia tenía 400 kilómetros de
costa en el océano Pacífico. Más tarde, en 1879, perdió esa cualidad en
los 120.000 kilómetros cuadrados de territorio arrebatados por Chile
durante la llamada Guerra del Pacífico librada entre ambos países.
Desde esa vez, los ímpetus de Bolivia siempre fueron los de recuperar
ese territorio, aunque los intentos fueron vanos debido a los intereses
políticos y económicos de entonces. En 1904, Chile y Bolivia firmaron el
conocido Tratado de Paz y Amistad, que definió los nuevos hitos
derivados del conflicto bélico. Si bien el acuerdo bilateral no fue
consignado en la demanda presentada por La Paz contra Santiago en el
Tribunal de Justicia de La Haya, las acciones diplomáticas y políticas
posteriores son las que sustentan el proceso.
Bolivia
recurre ante el juez 134 años después de los cruentos hechos. Hubo una
serie de propuestas de solución al diferendo, entre ellas un canje
territorial, que, sin embargo, nunca se consumó.
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