Una periodista militante...

Rubén D. Atahuichi López*

A pocas horas de su partida, todo el mundo comienza a añorar y rememorar sus tiempos y vivencias con Ana María Romero de Campero. Su vocación por el periodismo real, sus enseñanzas y sabiduría, su sentido altamente humano y su convicción por una cultura de paz fueron siempre su razón de ser.

Sobre todo, era una periodista militante, militante de todos los valores que el oficio debería promover. La única militancia que comulga el ejercicio responsable del periodismo tiene que ver con los principios establecidos en las normas constitucionales y en sus códigos para beneficio del bien común, del Estado y de la sociedad. Y ella lo sabía y la profesaba…

No tuve tanta suerte de compartir salas de redacción o coberturas con ella, como muchos, pero tuve oportunidades suficientes para encontrar en la colega de siempre enseñanzas sobre el ejercicio real del oficio, que admite sólo la militancia de una vida y una carrera al servicio de los demás.

En mi juicio, AnaMar, como la llamábamos con cariño, es comparable con las cuatro mujeres mineras que con su huelga libraron al país de la dictadura de Hugo Banzer Suárez. Claro, en tiempos distintos, lideró una huelga similar contra la masacre de octubre de 2003 perpetrada por fuerzas militares tras encargo de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Militante de la democracia, pues…

Aunque sus detractores (políticos de paso y ciertos periodistas) la cuestionaron sobre su elección como senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), ella tuvo todo el derecho y la autoridad –luego de una carrera periodística intachable y un ejemplar servicio público como la primera Defensora del Pueblo del país— de militar también en la política, desde cuyo escenario también es altamente posible servir al país.

Pudo adscribirse a este “proceso de cambio” desde cuando Evo Morales comenzaba a conformar su primer gabinete, a principios de 2006. El año pasado me comentó que en tiempos de las buenas relaciones de la Iglesia Católica con el ahora Presidente del Estado Plurinacional, y cuando éste pidió una sugerencia sobre nombres a ciertos líderes religiosos, monseñor Jesús Juárez la propuso como Canciller de Morales o, en último caso, embajadora ante el Vaticano.

Obvio, ella agradeció la deferencia del Obispo de El Alto, con quien lidió mediaciones políticas en tiempos de Banzer, Jorge Quiroga y Sánchez de Lozada, pero rechazó las postulaciones. “No es mi tiempo, estoy en otras tareas que también necesita el país”.

Esperó su tiempo, no ingresó en la arena política sopesando un viaje sin retorno; esperó que el pueblo la elija en un cargo político por esencia, Senadora del Estado Plurinacional.

Pues, se fue como una periodista militante de la democracia.

*Periodista

La censura de antes, la "lucha" de ahora

Rubén D. Atahuichi López*

Como hoy en 2003 Gonzalo Sánchez de Lozada era residente privilegiado en Estados Unidos. Había huido del país un día antes, empujado por una crisis de gobernabilidad de su autoría cuyo saldo fue de 69 muertos, más de 400 heridos, el país en caos, medios de prensa censurados (y cerrados), periodistas amenazados y a Carlos Mesa como su sucesor.

Los sucesos que luego se llamaron la “masacre de octubre” fueron fatídicos, por las consecuencias sociales y políticas, y por el peor momento que vivió el gremio, el peor a mi juicio. Entonces era editor del diario La Prensa.

Ediciones del semanario Pulso retiradas de los puestos de venta, una radio de la red Erbol dinamitada en Oruro, dos canales de televisión acosados por el Gobierno (RTP y Cadena A), titulares censurados, periodistas en “listas negras”, intromisión gubernamental, la libertad de prensa en ascuas… Era otro el escenario con relación al actual. Los dueños de medios de ahora eran esa vez los que impedían un ejercicio real del periodismo, de la mano de algunos operadores de la administración estatal. Claro, con muchas excepciones.

Lo que más me marcó fue la censura que en La Prensa sufrimos a una edición extra que los editores y redactores preparamos con motivo de la renuncia de Sánchez de Lozada. Semejante episodio de la historia ameritaba una reacción periodística el día de la dimisión y la huida, el 17 de octubre. Para entonces, los periodistas habíamos terminado de padecer el acoso interno y externo.

La noche del 20 de septiembre me tocó sistematizar toda la información de la primera de las matanzas de la masacre. Por pretender el desbloqueo que impedía el tránsito de decenas de turistas en Sorata el Gobierno, con la ayuda de Estados Unidos, había intervenido en el conflicto cuyo epicentro fue Warisata. Al menos cinco muertos, entre ellos una niña y campesinos. Con información de reporteros regionales y de nuestros enviados a la zona, para la edición del día siguiente había dejado un titular de página central: “Operativo de Sánchez Berzaín termina con al menos cinco muertos”. Carlos Sánchez Berzaín, ministro de Sánchez de Lozada, había comandando el operativo, incluso se supo que fue apedreado y atacado por vecinos en Sorata.

Al día siguiente nos desayunamos otro titular, que destacaba la acción del Gobierno en el desbloqueo y la “liberación” de turistas y no así las muertes. Sin embargo, los censores de turno se olvidaron de cambiar el contenido de la nota periodística, que sustentaba el titular inicial. Molesto con el reportaje, el entonces vocero del Gobierno, Mauricio Antezana, envió una carta a la dirección de La Prensa, que fue publicada el 23 de octubre. El funcionario había dicho en su misiva que el operativo tenía el fin y que nuestra tarea de periodistas, en su opinión, fue “dirigir la información al parecer con una inocultable finalidad política".

Nos indignó la carta. Quisimos responder también públicamente, en nuestras páginas del diario, incluso con pago por el espacio. Ni el entonces director, Alfonso Canelas, ni el jefe de Redacción, Marco Zelaya, ni los dueños, entre ellos Pedro Rivero Jordán (que estuvo en huelga hace poco en contra de los artículos de 16 y 23 de la Ley contra el Racismo) atendieron nuestra demanda. Claro, pudimos decir nuestra verdad: "El lector que se ha informado del hecho mediante La Prensa ha conocido la versión del gobierno, pero también la de los campesinos. Periodismo, no relaciones públicas”.

Ahora los tiempos son otros: otro Gobierno, otros actores políticos (los medios con gran fuerza) y otro escenario político. Los que en propia casa nos censuraban ahora luchan por la libertad de expresión, dizque muerta tras esa polémica ley.

*Periodista

…y nos quedamos solos. Por algo será

Rubén D. Atahuichi López

La lucha por evitar el polémico artículo 16 de la ahora Ley Contra el Racismo y toda forma de Discriminación, signada con el número 045, ha sido en los últimos días sólo de los periodistas, no todos, y de algunas organizaciones del gremio, y de oportunistas legisladores de oposición. No es casualidad que el pueblo, movimiento social o colectivo organizado por la circunstancia, ni se haya inmutado por tan crucial demanda del periodismo.

Es más, ante un reclamo tan capital, ni siquiera los empresarios de medios de comunicación han sido capaces de privarse de los miles de bolivianos de ganancias diarias por un día de paro; dejaron la iniciativa a su trabajadores, los periodistas, que marcharon y protestaron incluso pidiendo dos horas de permiso. Algunos diarios se conformaron con inventarse una tapa en blanco con el eslogan de “no hay democracia sin libertad de expresión” (en La Razón se desató un breve conflicto porque sus ejecutivos no secundaron la iniciativa de la Asociación Nacional de la Prensa; los trabajadores se declararon el jueves en paro de brazos caídos y en un comunicado dijeron: “Sin embargo, en el marco de la libre expresión que defendemos, respetamos la decisión empresarial”. Y si bien Página Siete se sumó con una tapa a su estilo, titulando “La explicación de nuestra protesta”, aclaró que “no es miembro” de esa institución patronal).

¿Habrá sido suficiente un reclamo así tan sencillo? ¿Qué impacto habrá tenido en el público una protesta de ese tipo contra la ley? Sencillo o no, efectivo o no, creo que los oyentes de radio, los televidentes o los lectores no consideran que la ley viole su libertad de expresión. No es casual esa indiferencia, sabemos que en los últimos años muchos medios y periodistas se han convertido en un actor político central de un Estado en transformación o reforma.

Por esas actuaciones, los periodistas –no hay forma de zafarse de esto— hemos perdido la credibilidad y en esta lucha hemos quedado solos, ni siquiera los empresarios nos apoyaron en esta protesta, como no nos respaldan en nuestros derechos laborales. Y –apuesto— si hubiera un referéndum para dirimir los artículos 16 y 23 de la Ley 045, como propuso el senador opositor Bernard Gutiérrez, seguro que el pueblo los ratifica.

Por algo será.

La Ley de Imprenta, nuestro mito

Rubén D. Atahuichi López^*

Es  tan vieja nuestra Ley de Imprenta que ni siquiera enuncia el concepto como tal de libertad de expresión o libertad de prensa, sólo se refiere una vez, en su primer artículo, a que “todo hombre  tiene el derecho a publicar sus pensamientos por la prensa (…)”. ¡Y por la prensa! Ésta entendida como impresos o publicaciones escritas. ¿Y la televisión y la radio, la Internet, los blogs o el twiter?

Pues, eran otros tiempos cuando se promulgó la ley, el 19 de enero de 1925. Para entonces, la radio todavía era incipiente en Bolivia, o nada. Cuatro años más tarde aparecía Radio Nacional de Bolivia. En 1969, Televisión Boliviana, y en 1991, Internet.

Ni qué decir de las multas que impone. Por ejemplo, dice que las faltas de imprenta tienen una sanción de no más de “ciento sesenta bolivianos”, y, ojo, no del boliviano contemporáneo. “Las penas  por delitos cuyo conocimiento corresponda exclusivamente al jurado, son pecuniarias, y en ningún caso pueden exceder de cuatrocientos bolivianos”, dice el artículo 15.

Con esos montos, cualquiera puede zafarse de un ilícito.

Así, muchas piezas añejas, como llamar a los concejos municipales “consejos y juntas municipales”.

Hasta la percibo improvisada. En nuestros tiempos, la nominación del jurado o la especificación de sus funciones tal vez estarían consignadas en un reglamento, una norma complementaria. En la Ley de Imprenta se habla del jurado de imprenta desde el artículo 21 hasta el 68. ¡48 artículos de 71 dedicados a eso!

Son formas, obviamente; nos interesa el fondo.

A la ley se le reconoce su espíritu. Claro, lo sabio de ella –como defienden con cierto sentido dogmático y nostálgico algunos colegas— está en el artículo 1 y quizás en el 8, que se refiere al secreto de imprenta; el 9, que considera a la revelación de la fuente sin autorización del juez como delito, o el 62, que habla de “vindicaciones y defensas de las personas”, el derecho a la réplica.

No hay mucho más. Sin embargo, así tenga un artículo que refleje el sentido real del ejercicio de los derechos a la comunicación o la libertad de expresión o de prensa, la ley es esencial, mucho más en estos tiempos en los que ha sido mejor cubierto por los medios de información el acoso al oficio periodístico.

Son otros tiempos, pues. La Constitución Política del Estado se adelantó, estableció los derechos a la comunicación y la información en el artículo 106, y las funciones de los medios de comunicación social en relación a la promoción de los valores y los principios de veracidad y responsabilidad en el 107.

Los periodistas debemos tomar la iniciativa para comenzar a debatir la modernización de la ley, antes que el poder político se encargue de hacerlo atenido a su mayoría. Claro, el espíritu vital de la Ley de Imprenta, aunque insípidamente planteado, hay que preservarlo.

Nunca creí que la autorregulación sea una respuesta a nuestras deficiencias. Si bien la Carta Magna la consigna, hay que hacer de ella un mecanismo para el ejercicio responsable del oficio.

Comencemos a despojarnos del mito.

(Esta columna fue publicada el 3 de mayo de 2010 en el diario Página Siete)

*Periodista

ruben-dal@hotmail.com

El “día negro” de Los Tiempos

Rubén D. Atahuichi López^*

En una charla antes de siquiera pensar en ser diputado, Jorge Medina reflexionaba conmigo acerca de por qué para los afrobolivianos y, claro, para los descendientes africanos de todo el mundo, es racista llamar a cualquier desgracia, accidente o día aciago “negro”: “Octubre negro” o “Día negro”. No es que la palabra negro esté proscrita para el ahora diputado, sino es simplemente despectiva, racista o discriminatoria cuando se refiere a algo fatídico, nefasto, funesto, fatal, siniestro, ominoso, triste o adverso.

Es, pues, degradante, y rememora tiempos de esclavitud de esa raza de hombres, que en Bolivia tienen origen en tiempos de la Colonia.

En 2007, en Nueva York, el Concejo de la ciudad prohibió el uso de esa “palabra N”, como dicen, en la forma despectiva. Y, precisamente, para evitar herir sensibilidades, en Estados Unidos y varios países del mundo los medios eluden la palabra al referirse a los acontecimientos funestos. Por eso se llamó 11-S al día de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y 11-M al de los trenes en Madrid, en 2004.

En Bolivia, es fácil para los medios y la misma ciudadanía usar la palabra. Eso pasó durante los conflictos de febrero de 2001, cuando una refriega de policías y militares terminó con decenas de muertos, y octubre de 2003, cuando fuerzas militares dejaron al menos 69 muertos antes de la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada. Varios medios titularon como no es recomendable, aunque los textos con la “palabra N” pasaron desapercibidos debido a la poca cultura antirracista.

Aparentemente, la historia no ha cambiado unos años después…

Casualidad, ingenuidad o provocación, el diario Los Tiempos acaba de incurrir en el gafe (llamémoslo así por ahora), en coincidencia con la polémica que ha desatado el artículo 16 del proyecto de Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación, referido a la sanción y suspensión de licencia de medios en casos en que fomenten el racismo y la discriminación. “Día negro en Ecuador”, tituló en apertura el periódico cochabambino el viernes 1 de octubre, día en que a su vez centenares de periodistas protestaron en distintas partes del país contra el proyecto en discusión en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Claro que Ecuador, y su presidente Rafael Correa, sufrieron un día fatídico, con dos muertos y decenas de heridos, una jornada de insubordinación de policías en todo el país, considerada como un apresto golpista. No importa la dimensión que haya tenido el día, pero de ahí llamarlo como lo hizo Los Tiempos, nos falta mucho que reflexionar…

No digo que es el lenguaje común de los medios en el país, pero llama la atención que en plena polémica antirracista haya surgido un titular de primera plana de ese tipo. Quizás sea la oportunidad de reflexionar sobre el fondo del proyecto de ley, que, dicho sea de paso, ya ha movido también el imaginario popular, que ahora especula sobre cómo será el trato personal y colectivo cuando la ley esté promulgada. Hasta con sorna, la gente dice que aproveche el momento para mandarse los ajos y pimientas mientras pueda, porque, dichos éstos en medios por parte de periodistas y fuentes, después serán para “cárcel” o “clausura”, y Los Tiempos no la pasaría bien así como se supone.

No me preocupa tanto el asunto (la sanción) más que la violación de los derechos constitucionales de información y comunicación por parte de ciertos periodistas y medios de información. Porque, al final de cuentas, quien nada tiene nada teme. Seguro que argumentarán ahora que cualquier sanción puede derivarse de decisiones subjetivas, políticas o arbitrarias.

Al defender la libertad de prensa y expresión también hay que reivindicar y promover los derechos de la gente, nuestro público.

*Periodista

ruben-dal@hotmail.com