Lo que la gente comenta ahora, a pocas horas de la
tragedia de Palmasola, es la fuga asistida del senador Róger Pinto a
Brasil, 15 meses después de asilarse en la Embajada de Brasil en La Paz.
Aunque se trata de un caso muy particular, cobra trascendencia por su
incidencia internacional y sus intereses políticos.
En Bolivia, la noticia difundida por el periodista José Pomacusi corrió
como reguero de pólvora el sábado. Quienes se congratularon de la salida
fueron los líderes y militantes de la oposición al Gobierno, entre
ellos el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina; el
gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y el exgobernador del Beni
Ernesto Suárez. Uno a uno, aquellos expresaron su alegría por la acción
de Pinto, sentenciado en primera instancia por el caso Zofra-Universidad
(con una pérdida para el Estado de $us 11 millones), al considerarlo un
héroe o un paradigma de la lucha por los derechos humanos y la
libertad. “Por fin pudo reunirse con su familia un gran amigo” (Suárez),
“operación libertad políticamente exitosa (…) qué bien, Róger:
ejemplar” (Doria Medina); y apoyo a Pinto “por su valentía en su lucha
por la libertad” (Costas) fueron las frases expresadas en Twitter.
Está bien, no se podía esperar otra cosa, son sus correligionarios en
su oposición a la administración de Evo Morales, a la que ahora le
reclaman —a manera de justificar el extremo— sobre cómo no pudo otorgar
un salvoconducto para encaminar el asilo definitivo del senador de
marras. Sin embargo, ¿es posible que uno pueda alegrarse de esa salida
irregular de Pinto, pese al resguardo ya conocido de parte del mismo
encargado de Negocios de Brasil en La Paz, Eduardo Saboia?
En mi humilde criterio, actuar así es simplemente apología.
Congratularse por la salida de Pinto debido a una hipotética absolución
sería diferente, homologaría el discurso de injusticia en el caso que
maneja la oposición boliviana. Sin embargo, el gobierno de Dilma
Rousseff, a juzgar por la renuncia del canciller Antonio Patriota por la
causa, pone en evidencia que Brasil, como Estado, no avala la salida
irregular del legislador propiciada por Saboia.
Hasta
antes de la dimisión del Jefe de Itamaraty, los detractores del
gobierno de Morales incluso concluían que la fuga del senador de Pando
implicaba una victoria política en su haber. Las cosas han cambiado y la
propia presencia de Pinto en Brasil ha sido puesta en cuestión, y pocos
creen en el país que el senador sea inocente y que huyó de Bolivia en
su condición de “perseguido político”.
A pesar de una
sentencia, al menos 14 juicios y cuatro arraigos en contra de Pinto, lo
que el Gobierno alegó siempre (lo repitió ayer el canciller David
Choquehuanca) es que Brasil omitió la Convención de Caracas al aceptar
la solicitud de asilo sin haber considerado previamente esos
antecedentes. Al contrario, a Bolivia se le cuestiona de haber
incumplido tratados internacionales sobre asilo al no conceder el
salvoconducto al legislador. Eso se verá seguramente después.
El caso estaba en statu quo hasta la audacia de Saboia y el influjo de
políticos de derecha de Brasil y de Bolivia. Aunque la renuncia de
Patriota puede implicar en parte una explicación del suceso que exigió
ayer Choquehuanca, lo cierto es que el representante de Brasil en
Bolivia y el mismo Pinto se cargaron al jefe de la Cancillería más
poderosa de la región, Itamaraty.
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