Un movimiento sin propuestas

Rubén D. Atahuichi López

El de los periodistas y medios se ha convertido en un movimiento sin propuestas, con la sola idea de defender el espíritu, ahora descontextualizado, de la Ley de Imprenta de 1925. Ahora en el declive del debate de la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación, raya en la misma lógica de la oposición, que en dos periodos de Gobierno de Evo Morales no ha hecho casi nada por incidir con su idea de país en proceso de cambios (¿?).

Quizás suene a hereje, pero veo que la ley es inaplicable (eso explica los intentos fallidos de juicios de imprenta). La sola omisión del concepto real de libertad de expresión en la ley (el primer artículo dice: “todo hombre  tiene el derecho a publicar sus pensamientos por la prensa […]) o la conformación y las funciones del Tribunal de Imprenta descritas en 48 de los 71 artículos que tiene la norma plantean una necesidad urgente de reflexión íntima.

Sin embargo, mientras no haya intenciones ni acciones por desmitificar la ley, el acoso político sobre el oficio va a ser permanente, con el riesgo de que el Estado regule su trabajo sin la incidencia directa de los actores reales, como pasa ahora con la reglamentación de la Ley 045.

Todavía lamento que ciertos liderazgos hayan optado por marginarse de este proceso, encomendado ahora a un grupo de colegas, al margen de los gremios pero con una apertura rescatable, y movimiento sociales. Si bien de los debates puede resultar un documento necesario, la inacción institucional coloca al gremio en eso que la democracia no quisiera: medios y periodistas haciendo política dura en desmedro del interés común.

Y así pasarán otras leyes, como la de Medios, de la que se pretende –aunque el Gobierno lo negó— sea la sustituta de la Ley de Imprenta. Entonces periodistas y medios también estarán lamentando una iniciativa ajena, del Estado, a partir de sus poderes políticos, el Gobierno o la Asamblea Legislativa Plurinacional, no siempre afines al espíritu de la libertad de expresión, comunicación e información.

Claro, le corresponde también a la sociedad tener incidencia en la construcción de cualquier norma referida al oficio periodístico, al amparo de los artículos 106 y 107 de la Constitución Política del Estado. Pero sin la participación de periodistas y medios en ese propósito, la cosa se hace muy riesgosa.

Durante la polémica que ambientó la aprobación de la Ley contra el Racismo, las instituciones de periodistas y medios sólo se limitaron a proponer la eliminación de los artículos 16 y 23, sin plantear ninguna otra alternativa seria, aunque –seguro— no había margen de acción por la hegemonía política de los órganos Ejecutivo y Legislativo, que al final consumaron esos preceptos. Cundió una vez más una reacción casi fundamentalista respecto de la Ley de Imprenta.

¿Tan intocable es la Ley de Imprenta? Hay que plantear un ejercicio de reflexión más allá de una simple inferencia que se puede forzar del contenido de la norma, en la que para referirnos a la “libertad de expresión” hay que interpretar el “derecho de publicar pensamientos por la prensa” o en el caso de los “impresos” suponer que se trata de la radio, la televisión la Internet o las redes sociales. O cuando se hable de racismo, encontrar en la ley los artículos 13 y 27, que se refieren a las injurias como delitos y su sanción penal (a través de un juicio ordinario), respectivamente.

Resta mucha reflexión, marginada de actuaciones manipuladas políticamente como la que rodea a la polémica sobre ley antirracista. Quizás esta reacción, despojada de esos intereses políticos y económicos, puede ser el punto de partida para que el periodismo plantee propuestas inherentes a su oficio.