Rubén D. Atahuichi López
La lucha por evitar el polémico artículo 16 de la ahora Ley Contra el Racismo y toda forma de Discriminación, signada con el número 045, ha sido en los últimos días sólo de los periodistas, no todos, y de algunas organizaciones del gremio, y de oportunistas legisladores de oposición. No es casualidad que el pueblo, movimiento social o colectivo organizado por la circunstancia, ni se haya inmutado por tan crucial demanda del periodismo.
Es más, ante un reclamo tan capital, ni siquiera los empresarios de medios de comunicación han sido capaces de privarse de los miles de bolivianos de ganancias diarias por un día de paro; dejaron la iniciativa a su trabajadores, los periodistas, que marcharon y protestaron incluso pidiendo dos horas de permiso. Algunos diarios se conformaron con inventarse una tapa en blanco con el eslogan de “no hay democracia sin libertad de expresión” (en La Razón se desató un breve conflicto porque sus ejecutivos no secundaron la iniciativa de la Asociación Nacional de la Prensa; los trabajadores se declararon el jueves en paro de brazos caídos y en un comunicado dijeron: “Sin embargo, en el marco de la libre expresión que defendemos, respetamos la decisión empresarial”. Y si bien Página Siete se sumó con una tapa a su estilo, titulando “La explicación de nuestra protesta”, aclaró que “no es miembro” de esa institución patronal).
¿Habrá sido suficiente un reclamo así tan sencillo? ¿Qué impacto habrá tenido en el público una protesta de ese tipo contra la ley? Sencillo o no, efectivo o no, creo que los oyentes de radio, los televidentes o los lectores no consideran que la ley viole su libertad de expresión. No es casual esa indiferencia, sabemos que en los últimos años muchos medios y periodistas se han convertido en un actor político central de un Estado en transformación o reforma.
Por esas actuaciones, los periodistas –no hay forma de zafarse de esto— hemos perdido la credibilidad y en esta lucha hemos quedado solos, ni siquiera los empresarios nos apoyaron en esta protesta, como no nos respaldan en nuestros derechos laborales. Y –apuesto— si hubiera un referéndum para dirimir los artículos 16 y 23 de la Ley 045, como propuso el senador opositor Bernard Gutiérrez, seguro que el pueblo los ratifica.
Por algo será.
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