Si hay cuoteo, no optarán por ellos

Rubén D. Atahuichi López

Estas últimas semanas, el país masculla el debate que políticos de izquierda y derecha, y los medios de información, hacen sobre las elecciones judiciales, que, si no existe mayor inconveniente, se desarrollarán en octubre de este año.

Al margen de las cuestionadas restricciones a las libertades de expresión, de prensa y de información planteadas para esos comicios, la discusión se ha centrado en el supuesto afán del Movimiento Al Socialismo (MAS) de pretender copar “ahora” el Órgano Judicial Plurinacional a través de esa votación.

Es que los bolivianos elegirán a 56 magistrados de una lista de 125 postulantes previamente validada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la que el MAS tiene más de dos tercios de votos. ¿Una lista previa? Claro que sí, con la diferencia de que esta lista va a ser sometida a votación popular.

Legítima o no, funcional o no, el procedimiento implicará una versión “mejorada” de los anteriores, cuando los principales partidos políticos hacían planchas directas para someterla a votación de los senadores y diputados. Normalmente, esas listas respondían a los intereses de las representaciones mayoritarias de entonces y, consiguientemente, resultaban ser consumadas sin mayor polémica. El pretexto era “institucionalizar” las estructuras del Estado.

Sin embargo, ahora pareciera ser tan nueva la idea y el afán, que sectores contrarios al Gobierno se rasgan las vestiduras y arguyen que el MAS “quiere copar también el Órgano Judicial”, después de hacer lo mismo con el Órgano Judicial y la Asamblea Legislativa Plurinacional, aunque esta última tras una votación nacional.

En el último tiempo, antes de la administración de Evo Morales, los periodistas sabíamos, y así lo informábamos, que la conformación de las distintas estructuras del viejo Poder Judicial era cuoteada por los partidos políticos, desde los de menor representación legislativa hasta los mayoritarios. Sin desparpajos.

Así también lo recuerda en Presidencia sitiada Carlos Mesa Gisbert, quien hace memoria de la necesidad de reformas judiciales en varias reuniones entre del gobierno que participó y las autoridades judiciales de entonces. Dice que estuvo de acuerdo con que los postulantes no fueran ni ex garciamezistas ni militantes de los partidos de gobierno, pero que intentó evitar infructuosamente el “cuoteo que irónicamente fue inviable en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura, dadas las posiciones irreductibles de los partidos que querían imponer sus propios candidatos”. Y recuerda que en el Tribunal Constitucional esos partidos (MNR, MIR y NFR) “lograron un acuerdo y pusieron sus fichas”.

¿Es así ahora? Muchos hechos parecen confirmar por lo menos el interés de incidir en la selección de candidatos y candidatas, por la misma votación favorable que el partido de gobierno tiene en el Órgano Legislativo. Es, pues, el poder que lo puede todo.

Pero a estas alturas de la experiencia democrática boliviana, los ciudadanos no se dejan engatusar con esos afanes políticos. Si todo resulta tan nefasto en la selección de postulantes, en octubre los resultados pueden ser blancos o nulos, una grave fisura al Estado que se pretende.

Columna publicada en La Razón