Rubén D. Atahuichi L.
Con más autoridad que muchos, Eduardo Rodríguez Veltzé analiza la situación del Órgano Judicial, los cuoteos de antes, el “dedazo” de ahora y las elecciones judiciales de octubre, de las que dice que deberían ser una oportunidad “refrendadora de un desempeño previo y verificable” de postulantes.
El ex Presidente responde un cuestionario escrito, en el que también califica la gestión de Evo Morales. “Tiene innumerables tareas por atender y resolver, y que la mayor parte de ellas no pasa por judicializarlas”, dice.
Rodríguez Veltzé recuerda que la noche del 9 de junio del 2005 el entonces presidente de la Cámara de Senadores, Hormando Vaca Díez, le llamó para hablarle de la sucesión presidencial, por prelación constitucional, ante la renuncia de Carlos Mesa Gisbert. “Recuerdo que semanas antes se produjo una reunión en casa del cardenal Julio Terrazas, quien procuró infructuosamente conciliar las diferencias entre Mesa y los presidentes de las cámaras (Vaca Díez y el de Diputados, Mario Cossío).
—¿Cuál fue su principal preocupación al cruzar la puerta del Palacio de Gobierno?
—La pacificación del país, procurar acuerdos para conducir elecciones y preservar el sistema democrático. Paralelamente, conformar un gobierno que articule con el Legislativo y las expectativas ciudadanas.
—¿Y al salir de la Presidencia? Tiene el estigma de la desactivación de los misiles chinos.
—Retornar a la Corte Suprema y continuar mis tareas judiciales. No obstante, percibí un ambiente hostil, pues una mayoría de ministros había desafiado mezquinamente la legalidad de mi retorno. No asumo el asunto de los misiles como un “estigma”, pues tengo la firme convicción sobre mi absoluta inocencia.
—¿Rebasaron su autoridad al autorizar la desactivación?
—Tal como he sostenido siempre, nunca autoricé la entrega de misiles a nadie. Este operativo se orquestó y condujo irregularmente cuando me encontraba en misión oficial en Brasil. Tan pronto conocí sus pormenores destituí al Comandante del Ejército (Marcelo Antezana), ordené procesos militares, acepté la renuncia del Ministro de Defensa (Gonzalo Méndez) y dispuse se formalice una protesta diplomática que se entregó al embajador de Estados Unidos (David Greenlee).
—Al llegar al mando, ¿qué percepción tenía del Poder Judicial?
—Compartí con varios ministros un especial interés por el desarrollo institucional del sistema judicial, impulsamos un diagnóstico que revelaba sus principales deficiencias y fijaba las bases de políticas públicas para transformarlo. La democracia, con alguna demora, empezaba a abrir espacios de reforma estructural; era un tiempo de autocrítica y de apuesta por los cambios.
—¿Cómo llegó a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia?
—En 1999 entró en vigencia la modalidad constitucional de elección a través del voto de dos tercios del total de miembros del Congreso. Había trabajado en la reforma judicial y en el servicio público, me interesaba el desafío. Estimé que mi trayectoria profesional no comprometida con la política partidaria podía ser útil, en contraste con anteriores períodos en los que la elección se producía por simple mayoría de una de las cámaras y con mayor influencia política.
—¿Le propusieron al puesto o se presentó de manera personal?
—Me presenté de manera personal. Fui elegido ministro en la primera votación junto con Carlos Tovar. Ambos logramos más del 92% de los votos.
—Mesa habla en su libro de ‘cuoteo como método’ en el periodo del MNR y sus aliados. ¿Contactaron entonces con usted?
—La descalificación generalizada so pretexto del “cuoteo” la encuentro inaceptable. Tal como lo dije a un medio al día siguiente de mi elección, el hecho de que políticos elijan a los jueces no convierte a éstos en políticos y menos deudores de ningún favor. Esta idea cobra hoy relevancia, pues considero que la legitimidad del desempeño de un juez es más relevante que la forma de su elección, indistintamente de la modalidad que se emplee.
—Incluso Mesa dice que se reunió con usted y Armando Villafuerte para analizar la reforma judicial y los nombramientos del entonces Congreso Nacional. ¿Qué dice?
—La reforma judicial es un tema de Estado y se coordina con todos los órganos de poder y sus integrantes, que intercambian criterios sobre todos sus alcances, incluida su conformación, lo cual no conlleva ningún propósito irregular, como parece insinuarse.
—¿Cómo llegó a la Presidencia de la Corte Suprema?
—Fui elegido presidente de la Corte en tres ocasiones, la primera al término del mandato de Villafuerte, con carácter interino, pues la Corte no contaba con el quórum de dos tercios del total de sus miembros, como requería la Constitución. Una segunda, cuando se completó la Corte con el nombramiento de ministros que cesaron en su mandato por su carácter provisorio y por tercera vez cuando se vuelve a completar el quórum con nombramientos congresales a fines del 2004.
—¿Sintió incidencia del poder político en la conformación de la Corte de la que fue parte?
—Sí, en algunas ocasiones. Una de ellas se produjo en la víspera de la última elección de presidente de la Corte. Algunos parlamentarios que asistieron a la inauguración del Año Judicial, en Sucre, ensayaron cabildeos para favorecer a un candidato regional. La mayoría de los ministros consideró inaceptable la intromisión y se preservó la independencia.
—¿Cómo fue el nivel de coordinación con el poder político?
—Durante los siete años que estuve en la Corte, ésta tuvo altibajos, por lo general, el Poder Judicial no mereció la atención prioritaria del Estado. La inestabilidad política afectó mucho, en ese mismo período pasaron seis presidentes del Ejecutivo.
—Es vox populi que el Poder Judicial fue funcional al poder político. ¿Qué dice?
—Que hay una gran distancia entre esa afirmación (que una vez más cae en la fácil generalización despectiva, aunque se invoque al pueblo y en latín) y lo que sucedía en el pasado y sigue sucediendo hoy con intensidades variables: hay abogados, funcionarios, fiscales, jueces, magistrados, legisladores y políticos que sucumben a intereses políticos o económicos para manipular el sistema judicial. Es imprescindible aislar e identificar esas distorsiones de conducta antes que poner la sombra a un órgano de poder que debe contar con la confianza ciudadana.
—¿Cómo percibe al actual Órgano Judicial Plurinacional?
—Es un aparato de transición conformado mayoritariamente por abogados designados “a dedo”, con base en la denominada “ley corta”, una desafortunada iniciativa legislativa que le restó legitimidad y restringió atribuciones, particularmente en el ámbito de la justicia constitucional, en desmedro de los remedios disponibles para los ciudadanos frente al abuso del poder público y el ejercicio efectivo de sus derechos. El Ministerio Público sufre de las mismas distorsiones de legitimidad y la actuación de muchos fiscales es notoriamente abusiva y discrecional.
—¿Cuál cree que es la principal falencia de la justicia en el país?
—Es un conjunto de factores: falta de acceso, normas obsoletas, ausencia de espacios de justicia de paz y de justicia administrativa, excesiva centralización recursiva a tribunales jerárquicos, incluido el Tribunal Constitucional; ausencia de diseños funcionales y políticos del órgano, sobredimensión de la justicia criminal, entre otras tantas que responden a una cultura jurídica ritualista que no promueve la observancia normativa, la innovación de espacios de justicia más simples y próximos al ciudadano y la solución pacífica de los conflictos.
—¿Cómo se debería plantear una reforma judicial?
—Partiendo de un diagnóstico sobre su funcionamiento y diseño, abrir una reflexión sobre la dimensión funcional y política del ejercicio de la jurisdicción en un Estado que inaugura un nuevo orden constitucional fundado en el “pluralismo jurídico”, un principio que no se restringe a la coexistencia del sistema ordinario con el indígena originario campesino, sino a una multiplicidad de opciones para diseñar una justicia más plural, más próxima y más confiable y apreciada por todos.
—¿Comparte la idea elección por voto popular de magistrados?
—No en el diseño previsto en la Constitución, sino bajo una modalidad más bien refrendadora de un desempeño previo y verificable. La dificultad de elegir a jueces conlleva problemas como los que hoy se atraviesan para la difusión y selección de los candidatos y sus méritos. La contradicción de convertir a los jueces en autoridades político representativas cuando en su función no representan a nadie y sólo deben resolver sus causas conforme a ley y no a la opinión de sus electores.
—¿Encuentra alguna intencionalidad política en el proceso electoral que se avecina?
—En rigor, en el proceso importa la implantación de un diseño constitucional vigente. Cualquier intencionalidad política debería orientarse a examinar sus méritos y problemas para superarlos y no tomar ventaja de ellos.
—¿Coincide con las restricciones para la propaganda electoral?
—No, porque afecta el derecho de los electores a ser informados y de todos a expresar libremente sus opiniones en el marco de los derechos consagrados por la Constitución. Se trata de un tensión entre el ejercicio de un derecho fundamental (libertad de expresión, opinión e información) y una restricción administrativa (limitaciones en elecciones judiciales), ambas contenidas en la Constitución. Me inclino por la prevalencia de los derechos.
—¿Halla restricciones para el trabajo periodístico?
—Sí, tal como le expliqué.
Los desafíos del futuro Órgano Judicial
—¿Cómo debería ser una conformación ideal del Órgano Judicial?
—El diseño del Órgano Judicial debe ser correspondiente con el nuevo Estado Plurinacional de Derecho Comunitario, desconcentrado, con autonomías y fundado en el pluralismo jurídico. Esta caracterización, a mi juicio, debe replantear la anterior y actual estructura orgánica todavía muy centralista y neocolonial en muchos aspectos. Insisto en significar la importancia del pluralismo jurídico como un cimiento para construir un nuevo sistema más funcional, más desconcentrado y más cercano a los ciudadanos.
—Es inminente el proceso, ¿qué desafíos propone al futuro Órgano Judicial?
—Dos desafíos: el primero es asumir que su desempeño es más importante que su sola elección, el control social y la participación ciudadana sobre la función judicial debe ser efectiva a través del monitoreo sobre la predictibilidad e integridad de los fallos. El segundo es abrir una reflexión sobre una próxima reforma constitucional que discurra sobre la consistencia del diseño del órgano judicial y todo lo que comprenda para su mejor funcionamiento.
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