Rubén D. Atahuichi López
A las 20.00 del domingo, cuando se emitan por la televisión los resultados en boca de urna, ninguno de los 115 candidatos a los 56 cargos del Órgano Judicial habrá conseguido una votación importante. Me animo a pensar que ese respaldo popular no pasará el 10%, ¡y eso es mucho!
Según la Constitución Política del Estado (CPE), cada uno de los magistrados será elegido con “mayoría simple de votos”, lo que quiere decir que no importará porcentaje alguno, por más mínimo que sea, para conformar uno de los cuatro poderes del Estado Plurinacional.
Así de previsible está la cosa. Hasta el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando, lo sabe. “La ley es sabia al establecer que los ganadores no tienen que ganar con el 50% más uno (de votos), sino por mayoría simple”, me dijo en una entrevista.
Además, aseguró que es “posible que el voto se disperse”. Claro que se dispersará el voto, no es una posibilidad solamente. Los 5.243.375 electores habilitados para el domingo no van a concentrar su voto en sólo algunos de los postulantes, a no ser que ocurra lo que se presume: voto consigna, con la ayuda de los números en la papeleta.
Sin embargo, hay muchas razones para comprender esa eventual situación.
Antes que nada, lo más seguro es que al día siguiente de los comicios Juan del Granado, Samuel Doria Medina y Evo Morales saquen rédito de la votación. Es posible que la abstención, la cantidad de votos nulos y blancos sean el argumento cabal para los primeros, y para el Presidente del Estado, la participación ciudadana.
Así, estoy seguro que ese día el discurso político será: “el pueblo nos dio la razón, no quería candidatos del Gobierno” o “el pueblo nos respaldó una vez más, apoyó la reforma judicial con su voto”. Ya verán que así será, cada uno buscará sumar a sus intenciones políticas el voto del 16 de octubre que no fue pensado para un fin político-partidario.
Como no debía ser, las elecciones en puertas han tenido una incidencia política a pesar de las prohibiciones establecidas en la CPE y que el TSE no pudo evitarla. Eso contribuyó –en mi criterio— a desviar la atención de los electores en los candidatos.
Los tres sujetos políticos, particularmente, instalaron un plebiscito de facto, que tendrá efecto en los resultados. Si Del Granado propone No, Doria Medina impulsa el voto nulo y Morales se desgañita por el Sí, el efecto será la confusión: no hay casilla para el Sí ni para el No, lo que implica que una decisión por cualquiera de esas posibilidades será nomás voto nulo.
Además, la campaña de difusión de méritos ha sido escasa, por lo que es también posible que los electores no sepan por quién votar y marquen por cualquiera de los candidatos. O, al contrario, habiéndolos conocido, diversifiquen su decisión en una gama de elegidos.
A eso ha que añadirle la poca comprensión pública del proceso, las dudas sobre la forma de votación y las características complicadas de la papeleta de votación (la forma de escrutinio también produce dudas).
Es que, por la particularidad de los comicios, los candidatos no pudieron por sí solos presentarse a los ciudadanos, a diferencia de votaciones anteriores, en las que los ciudadanos sabían por quién votar.
Pero, ante todo, la polémica que caracteriza aún los días previos al 16 de octubre ha descontentado a muchos, lo que puede incidir en el interés real en el sentido de la conformación de las cuatro instituciones del Órgano Judicial a través del voto popular.
Y si al TSE le interesa la legalidad y no la legitimidad, como lo admitió Ovando, estamos fritos. La cosa se complica. Ya lo veremos...
Artículo publicado en La Razón
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