Señora Ardaya, no nos cuente el cuento

Rubén D. Atahuichi López

¿Que el caso de los militares metidos en el contrabando es un caso aislado? Al menos yo no me dejo contar el cuento por la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, que el domingo le dijo eso a la red Erbol.

Y tengo muchas razones. Una de ellas pasó como anécdota (para las autoridades), que incluso la conté como noticia mientras escribía para La Prensa, en 2006. A ver, algunos detalles.

Al volver junto con mi hijo de ocho años de mi pueblo en Oruro, ante la falta de un vehículo, tomé uno y otro privados de emergencia. El último, para mi suerte, era ilegal, en la carretera Tambo Quemado-Patacamaya. De pronto, el conductor se dio cuenta que el coche del frente era uno de militares de Curahuara. Nos interceptaron y nos encañonaron luego de una breve persecución. Una hora de vilo, a la medianoche.

Al final, después de un regateo, el dueño del carro pagó 300 dólares, y otros 300 por el camión de adelante, que también había sido suyo. No quise develarme como periodista, habría sido mucho riesgo, y con el niño durmiendo en mis brazos. Sin embargo, traté de ayudar al chofer a evitar que pague, al considerar que al llegar a destino, con el vehículo incautado, íbamos a denunciar a los dos oficiales.

Al retomar el camino, el “chutero”, como se llama a quienes importan carros ilegales, me comentó que esa “requisa” era normal, que la idea era evadirla en altas horas de la noche. No fue su día-noche, pero el de esos militares del Regimiento Tocopilla sí, que como muchas otras unidades militares semanas antes habían sido encomendadas por el presidente Evo Morales a apoyar las tareas de interdicción al contrabando.

El ratón cuidando el queso. Eso también pasa con algunos oficiales del Control Operativo Aduanero (COA). Hace poco, cuando escribía para Erbol, investigué varios casos en los que oficiales policías estaban implicados en delitos de contrabando. Hasta supe que cuando un jefe del COA se refiere al paso libre de camiones de contrabando le dice a su subalterno que “ése tiene su pin”. Es decir, el dueño de la mercadería ya había pagado la coima.

Otro caso, que investiga el Ministerio Publico, se refiere a la implicación del gerente regional de El Alto, José Luis Lafuente, quien, a pesar sido sujeto de arresto domiciliario por una investigación sobre delitos aduaneros , consiguió volver a sus oficinas. Otras 17 personas están implicadas en el caso, la mayoría de ellas funcionarios de la oficina de interdicción al contrabando.

Cuestionada sobre la actuación de algunos funcionarios y policías implicados en ilícitos, Ardaya dijo que “son personas” y no hay corrupción en la Aduana Nacional hasta “donde pueda controlarla”.

En otra entrevista, el comandante del COA, Osvaldo Cabrera, coincidió con la Presidenta de la Aduana. “Yo no puedo meter las manos al fuego” por ninguno de los policías a su mando, “son personas humanas y tienen debilidades”, decía.

Son algunos casos, pero yo no creo que sean aislados. En el COA dicen que el “sistema” continúa, es decir, el cobro de sobornos por el paso de contrabando. Y los militares no son angelitos, sólo falta escudriñar el contrabando de combustibles al Perú, seguro que están metidos en eso, como dicen en off el COA.

Así que no nos cuenten el cuento. El contrabando pasa por las narices de la Aduana Nacional y no es difícil de detectarlo.

Columna publicada en La Razón