El 18 de diciembre del 2005, cuando Evo Morales ganó las elecciones con el 53,7%, apenas hablaba de los indígenas; su discurso estaba centrado en defensa de los derechos de los cocaleros, de cuyos sindicatos emergió políticamente. No sé si en las últimas semanas de la votación, o antes, se dio cuenta de que su candidatura representaba a ese sector históricamente vilipendiado e ignorado. Ayudado por su condición social, días después de saberse Presidente de la República, el dirigente cocalero se mostró ante el mundo como “presidente indígena” (su colega Hugo Chávez lo aludió de “indio”) y “encantó” en el mundo y el país a medios, activistas y políticos progresistas, que no dejaron de referirse a él como el paladín de la defensa de los derechos indígenas (y de la Madre Tierra, más tarde).
Desde entonces han pasado muchas cosas, por lo menos con relación al interés de los indígenas. La Asamblea Constituyente no terminó de construir una Constitución Política del Estado integradora (aunque de indígena tiene mucho), las autonomías indígenas no son tales (no existe real reconstitución territorial ni restitución de la autoridad ancestral) y los más elementales derechos indígenas —la consulta previa, la tierra, el territorio, en suma, el suma qamaña— han sido omitidos sistemáticamente.
La defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), reprimida con violencia el domingo y con un saldo de víctimas todavía en confusión, ha terminado de desnudar el verdadero interés del Gobierno en respaldarse del movimiento cocalero-campesino (ahora “intercultural”) en desmedro del indígena-originario (sectores no cooptados por el sindicato de los 50).
Así, surgen algunas causas lógicas para comprender este estado de situación, sin apasionamientos en discusiones técnicas como la nacionalización, o la verdadera construcción de plurinacionalidad, sino en la lectura de actitudes.
Con mucha insistencia, desde sectores afines y disidentes al Gobierno (Del Granado, Almaraz o Prada, cada uno con sus intereses particulares), se ha dicho en los últimos meses que el “proceso” necesita de un cambio, un reencauce necesario si es que no quiere perecer en el intento. Ese proceso sufre fisuras, aunque son reversibles en la medida de una lectura sensata de la realidad cuyo ejercicio debería hacerlo el mismo Presidente, para empezar. No es sensato decir que aquél es como los anteriores, pero incurre en muchos desaciertos.
Ya son más de cinco años de Gobierno. A estas alturas, Morales no termina su catarsis contra los regímenes pasados o la “oligarquía” y, por tanto, permanentemente alimenta un clima de confrontación con sus adversarios. Es soberbio; no es humilde. Cierto entorno suyo no le muestra la realidad. No todos quienes votaron por él, y por su gestión, apoyan sus políticas. Así, ese 63% de votos del 2009 no es el mismo ahora en septiembre del 2011.
No es concertador. La mayoría de las leyes pasaron por la Asamblea Legislativa sin siquiera el consentimiento pleno de la ciudadanía y la oposición (ésta tampoco es propositiva), sino en medio de protestas y conflictos. Es torpe; decenas de sus frases han lastimado sentimientos y ocasionado conflictos.
Es más cocalero que indígena. Villa Tunari y el Chapare, el bastión cocalero, ha recibido más obras y privilegios (plantas industriales, unidades militares, aeropuerto, campos deportivos y ahora la polémica carretera hacia San Ignacio de Moxos). Al contrario, los indígenas, palo y poco de su atención. Y es más…
Si el Presidente renunciara a esos males, quizás sería otra la historia.
Publicado en La Razón
miércoles, 28 de septiembre de 2011
miércoles, 15 de junio de 2011
El desafío periodístico de octubre
Rubén D. Atahuichi López
Mientras el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se da su tiempo para reglamentar el trabajo periodístico con miras a las elecciones judiciales de octubre de este año, los medios y periodistas aún no hemos dado muestras acerca de los desafíos que se avecinan.
Quizás sea muy temprano para calificar la cobertura periodística en relación a ese proceso. Sin embargo, desde la convocatoria a los comicios, el 13 de mayo, poco hemos hecho por ofrecer información digerible sobre el hecho a los ciudadanos y ciudadanas.
Habiendo todavía posibilidad para el pleno ejercicio periodístico, ni siquiera pudimos conocer a los pocos postulantes, ocho, inscritos en la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sólo nos limitamos a informarlo casi en número, y punto. Ni qué decir sobre las características del proceso mismo, aunque hubo alguito. No pasa de eso.
Entonces, nos preguntamos: ¿si tanto nos afanamos por defender la libertad de expresión, qué hacemos por la libertad de información cuyos signatarios son los ciudadanos y ciudadanas, el público?
Que no resulte una pose esa acción, expresada en tours televisivos, protestas gremiales (a las que personalmente no me adscribo debido su interés empresarial antes que profesional) o editoriales. El proceso electoral ya ha comenzado y, como tal, merece una mejor consideración de nuestras coberturas.
Desde la experiencia, es casi imposible cumplir con los electores ante semejante desafío electoral, que de por sí es inédito para el país y para el ente rector, el TSE. 125 postulantes previamente seleccionados en la Asamblea Legislativa Plurinacional requerirán de amplia cobertura para ser conocidos y, en su caso, elegidos por parte de los electores y las electoras, más allá del afán mediático que los pueda hacer protagonistas: el estigma profesional o político, o sus vínculos con eventuales casos de corrupción.
Normalmente, en tiempos de elecciones, los diarios, las radios y la televisión suelen abrir espacios especiales en sus ediciones diarias o semanales para la difusión de nombres, la socialización del proceso o las claves de la votación. Considerando de que son muchos postulantes en escena y con la condición de que están prohibidos de hacer campañas más que la difusión de sus méritos, la cobertura se hará más complicada.
Habrá necesidad de un equilibrio periodístico tal, que no raye en las restricciones que de por sí señalan esas elecciones. No serán suficientes los espacios posibles ni el tiempo de cobertura por cada candidato; hasta puede resultar arbitraria la elección-asignación de días u horarios, no siempre compatibles con el interés de aquéllos con el público. Es decir, no bastará asignar un tiempo-espacio-horario-día determinados para un postulante en viernes, diferente al mismo tiempo-espacio-horario-día determinados de sábado, lunes o domingo.
Los medios deberían plantearse una ingeniería de planificación de su cobertura que les obligue a cumplir con del derecho de la información de sus públicos y aportar así al fortalecimiento de la democracia. Sin embargo, me temo que las denuncias van a coparlo todo, y en eso habrá muchos estigmas vinculados al partido del Gobierno o, en menor medida, a las agrupaciones de oposición.
El desafío es nuestro. Hay que empeñarse en esto con el mismo afán de defender la libertad de expresión.
Columna publicada en La Razón
Mientras el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se da su tiempo para reglamentar el trabajo periodístico con miras a las elecciones judiciales de octubre de este año, los medios y periodistas aún no hemos dado muestras acerca de los desafíos que se avecinan.
Quizás sea muy temprano para calificar la cobertura periodística en relación a ese proceso. Sin embargo, desde la convocatoria a los comicios, el 13 de mayo, poco hemos hecho por ofrecer información digerible sobre el hecho a los ciudadanos y ciudadanas.
Habiendo todavía posibilidad para el pleno ejercicio periodístico, ni siquiera pudimos conocer a los pocos postulantes, ocho, inscritos en la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sólo nos limitamos a informarlo casi en número, y punto. Ni qué decir sobre las características del proceso mismo, aunque hubo alguito. No pasa de eso.
Entonces, nos preguntamos: ¿si tanto nos afanamos por defender la libertad de expresión, qué hacemos por la libertad de información cuyos signatarios son los ciudadanos y ciudadanas, el público?
Que no resulte una pose esa acción, expresada en tours televisivos, protestas gremiales (a las que personalmente no me adscribo debido su interés empresarial antes que profesional) o editoriales. El proceso electoral ya ha comenzado y, como tal, merece una mejor consideración de nuestras coberturas.
Desde la experiencia, es casi imposible cumplir con los electores ante semejante desafío electoral, que de por sí es inédito para el país y para el ente rector, el TSE. 125 postulantes previamente seleccionados en la Asamblea Legislativa Plurinacional requerirán de amplia cobertura para ser conocidos y, en su caso, elegidos por parte de los electores y las electoras, más allá del afán mediático que los pueda hacer protagonistas: el estigma profesional o político, o sus vínculos con eventuales casos de corrupción.
Normalmente, en tiempos de elecciones, los diarios, las radios y la televisión suelen abrir espacios especiales en sus ediciones diarias o semanales para la difusión de nombres, la socialización del proceso o las claves de la votación. Considerando de que son muchos postulantes en escena y con la condición de que están prohibidos de hacer campañas más que la difusión de sus méritos, la cobertura se hará más complicada.
Habrá necesidad de un equilibrio periodístico tal, que no raye en las restricciones que de por sí señalan esas elecciones. No serán suficientes los espacios posibles ni el tiempo de cobertura por cada candidato; hasta puede resultar arbitraria la elección-asignación de días u horarios, no siempre compatibles con el interés de aquéllos con el público. Es decir, no bastará asignar un tiempo-espacio-horario-día determinados para un postulante en viernes, diferente al mismo tiempo-espacio-horario-día determinados de sábado, lunes o domingo.
Los medios deberían plantearse una ingeniería de planificación de su cobertura que les obligue a cumplir con del derecho de la información de sus públicos y aportar así al fortalecimiento de la democracia. Sin embargo, me temo que las denuncias van a coparlo todo, y en eso habrá muchos estigmas vinculados al partido del Gobierno o, en menor medida, a las agrupaciones de oposición.
El desafío es nuestro. Hay que empeñarse en esto con el mismo afán de defender la libertad de expresión.
Columna publicada en La Razón
domingo, 15 de mayo de 2011
‘El desempeño es más importante que la sola elección’
El ex Presidente de la República repasa su Gobierno y sus experiencias en la antigua Corte Suprema de Justicia. Con relación a las elecciones judiciales dice que deberían validar el desempeño previo de los postulantes, que es lo más importante. Y plantea una sugerencia: “Abrir una reflexión sobre una próxima reforma constitucional que discurra sobre la consistencia del diseño del Órgano Judicial y todo lo que comprenda para su mejor funcionamiento”.
Rubén D. Atahuichi L.
Con más autoridad que muchos, Eduardo Rodríguez Veltzé analiza la situación del Órgano Judicial, los cuoteos de antes, el “dedazo” de ahora y las elecciones judiciales de octubre, de las que dice que deberían ser una oportunidad “refrendadora de un desempeño previo y verificable” de postulantes.
El ex Presidente responde un cuestionario escrito, en el que también califica la gestión de Evo Morales. “Tiene innumerables tareas por atender y resolver, y que la mayor parte de ellas no pasa por judicializarlas”, dice.
Rodríguez Veltzé recuerda que la noche del 9 de junio del 2005 el entonces presidente de la Cámara de Senadores, Hormando Vaca Díez, le llamó para hablarle de la sucesión presidencial, por prelación constitucional, ante la renuncia de Carlos Mesa Gisbert. “Recuerdo que semanas antes se produjo una reunión en casa del cardenal Julio Terrazas, quien procuró infructuosamente conciliar las diferencias entre Mesa y los presidentes de las cámaras (Vaca Díez y el de Diputados, Mario Cossío).
—¿Cuál fue su principal preocupación al cruzar la puerta del Palacio de Gobierno?
—La pacificación del país, procurar acuerdos para conducir elecciones y preservar el sistema democrático. Paralelamente, conformar un gobierno que articule con el Legislativo y las expectativas ciudadanas.
—¿Y al salir de la Presidencia? Tiene el estigma de la desactivación de los misiles chinos.
—Retornar a la Corte Suprema y continuar mis tareas judiciales. No obstante, percibí un ambiente hostil, pues una mayoría de ministros había desafiado mezquinamente la legalidad de mi retorno. No asumo el asunto de los misiles como un “estigma”, pues tengo la firme convicción sobre mi absoluta inocencia.
—¿Rebasaron su autoridad al autorizar la desactivación?
—Tal como he sostenido siempre, nunca autoricé la entrega de misiles a nadie. Este operativo se orquestó y condujo irregularmente cuando me encontraba en misión oficial en Brasil. Tan pronto conocí sus pormenores destituí al Comandante del Ejército (Marcelo Antezana), ordené procesos militares, acepté la renuncia del Ministro de Defensa (Gonzalo Méndez) y dispuse se formalice una protesta diplomática que se entregó al embajador de Estados Unidos (David Greenlee).
—Al llegar al mando, ¿qué percepción tenía del Poder Judicial?
—Compartí con varios ministros un especial interés por el desarrollo institucional del sistema judicial, impulsamos un diagnóstico que revelaba sus principales deficiencias y fijaba las bases de políticas públicas para transformarlo. La democracia, con alguna demora, empezaba a abrir espacios de reforma estructural; era un tiempo de autocrítica y de apuesta por los cambios.
—¿Cómo llegó a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia?
—En 1999 entró en vigencia la modalidad constitucional de elección a través del voto de dos tercios del total de miembros del Congreso. Había trabajado en la reforma judicial y en el servicio público, me interesaba el desafío. Estimé que mi trayectoria profesional no comprometida con la política partidaria podía ser útil, en contraste con anteriores períodos en los que la elección se producía por simple mayoría de una de las cámaras y con mayor influencia política.
—¿Le propusieron al puesto o se presentó de manera personal?
—Me presenté de manera personal. Fui elegido ministro en la primera votación junto con Carlos Tovar. Ambos logramos más del 92% de los votos.
—Mesa habla en su libro de ‘cuoteo como método’ en el periodo del MNR y sus aliados. ¿Contactaron entonces con usted?
—La descalificación generalizada so pretexto del “cuoteo” la encuentro inaceptable. Tal como lo dije a un medio al día siguiente de mi elección, el hecho de que políticos elijan a los jueces no convierte a éstos en políticos y menos deudores de ningún favor. Esta idea cobra hoy relevancia, pues considero que la legitimidad del desempeño de un juez es más relevante que la forma de su elección, indistintamente de la modalidad que se emplee.
—Incluso Mesa dice que se reunió con usted y Armando Villafuerte para analizar la reforma judicial y los nombramientos del entonces Congreso Nacional. ¿Qué dice?
—La reforma judicial es un tema de Estado y se coordina con todos los órganos de poder y sus integrantes, que intercambian criterios sobre todos sus alcances, incluida su conformación, lo cual no conlleva ningún propósito irregular, como parece insinuarse.
—¿Cómo llegó a la Presidencia de la Corte Suprema?
—Fui elegido presidente de la Corte en tres ocasiones, la primera al término del mandato de Villafuerte, con carácter interino, pues la Corte no contaba con el quórum de dos tercios del total de sus miembros, como requería la Constitución. Una segunda, cuando se completó la Corte con el nombramiento de ministros que cesaron en su mandato por su carácter provisorio y por tercera vez cuando se vuelve a completar el quórum con nombramientos congresales a fines del 2004.
—¿Sintió incidencia del poder político en la conformación de la Corte de la que fue parte?
—Sí, en algunas ocasiones. Una de ellas se produjo en la víspera de la última elección de presidente de la Corte. Algunos parlamentarios que asistieron a la inauguración del Año Judicial, en Sucre, ensayaron cabildeos para favorecer a un candidato regional. La mayoría de los ministros consideró inaceptable la intromisión y se preservó la independencia.
—¿Cómo fue el nivel de coordinación con el poder político?
—Durante los siete años que estuve en la Corte, ésta tuvo altibajos, por lo general, el Poder Judicial no mereció la atención prioritaria del Estado. La inestabilidad política afectó mucho, en ese mismo período pasaron seis presidentes del Ejecutivo.
—Es vox populi que el Poder Judicial fue funcional al poder político. ¿Qué dice?
—Que hay una gran distancia entre esa afirmación (que una vez más cae en la fácil generalización despectiva, aunque se invoque al pueblo y en latín) y lo que sucedía en el pasado y sigue sucediendo hoy con intensidades variables: hay abogados, funcionarios, fiscales, jueces, magistrados, legisladores y políticos que sucumben a intereses políticos o económicos para manipular el sistema judicial. Es imprescindible aislar e identificar esas distorsiones de conducta antes que poner la sombra a un órgano de poder que debe contar con la confianza ciudadana.
—¿Cómo percibe al actual Órgano Judicial Plurinacional?
—Es un aparato de transición conformado mayoritariamente por abogados designados “a dedo”, con base en la denominada “ley corta”, una desafortunada iniciativa legislativa que le restó legitimidad y restringió atribuciones, particularmente en el ámbito de la justicia constitucional, en desmedro de los remedios disponibles para los ciudadanos frente al abuso del poder público y el ejercicio efectivo de sus derechos. El Ministerio Público sufre de las mismas distorsiones de legitimidad y la actuación de muchos fiscales es notoriamente abusiva y discrecional.
—¿Cuál cree que es la principal falencia de la justicia en el país?
—Es un conjunto de factores: falta de acceso, normas obsoletas, ausencia de espacios de justicia de paz y de justicia administrativa, excesiva centralización recursiva a tribunales jerárquicos, incluido el Tribunal Constitucional; ausencia de diseños funcionales y políticos del órgano, sobredimensión de la justicia criminal, entre otras tantas que responden a una cultura jurídica ritualista que no promueve la observancia normativa, la innovación de espacios de justicia más simples y próximos al ciudadano y la solución pacífica de los conflictos.
—¿Cómo se debería plantear una reforma judicial?
—Partiendo de un diagnóstico sobre su funcionamiento y diseño, abrir una reflexión sobre la dimensión funcional y política del ejercicio de la jurisdicción en un Estado que inaugura un nuevo orden constitucional fundado en el “pluralismo jurídico”, un principio que no se restringe a la coexistencia del sistema ordinario con el indígena originario campesino, sino a una multiplicidad de opciones para diseñar una justicia más plural, más próxima y más confiable y apreciada por todos.
—¿Comparte la idea elección por voto popular de magistrados?
—No en el diseño previsto en la Constitución, sino bajo una modalidad más bien refrendadora de un desempeño previo y verificable. La dificultad de elegir a jueces conlleva problemas como los que hoy se atraviesan para la difusión y selección de los candidatos y sus méritos. La contradicción de convertir a los jueces en autoridades político representativas cuando en su función no representan a nadie y sólo deben resolver sus causas conforme a ley y no a la opinión de sus electores.
—¿Encuentra alguna intencionalidad política en el proceso electoral que se avecina?
—En rigor, en el proceso importa la implantación de un diseño constitucional vigente. Cualquier intencionalidad política debería orientarse a examinar sus méritos y problemas para superarlos y no tomar ventaja de ellos.
—¿Coincide con las restricciones para la propaganda electoral?
—No, porque afecta el derecho de los electores a ser informados y de todos a expresar libremente sus opiniones en el marco de los derechos consagrados por la Constitución. Se trata de un tensión entre el ejercicio de un derecho fundamental (libertad de expresión, opinión e información) y una restricción administrativa (limitaciones en elecciones judiciales), ambas contenidas en la Constitución. Me inclino por la prevalencia de los derechos.
—¿Halla restricciones para el trabajo periodístico?
—Sí, tal como le expliqué.
Los desafíos del futuro Órgano Judicial
—¿Cómo debería ser una conformación ideal del Órgano Judicial?
—El diseño del Órgano Judicial debe ser correspondiente con el nuevo Estado Plurinacional de Derecho Comunitario, desconcentrado, con autonomías y fundado en el pluralismo jurídico. Esta caracterización, a mi juicio, debe replantear la anterior y actual estructura orgánica todavía muy centralista y neocolonial en muchos aspectos. Insisto en significar la importancia del pluralismo jurídico como un cimiento para construir un nuevo sistema más funcional, más desconcentrado y más cercano a los ciudadanos.
—Es inminente el proceso, ¿qué desafíos propone al futuro Órgano Judicial?
—Dos desafíos: el primero es asumir que su desempeño es más importante que su sola elección, el control social y la participación ciudadana sobre la función judicial debe ser efectiva a través del monitoreo sobre la predictibilidad e integridad de los fallos. El segundo es abrir una reflexión sobre una próxima reforma constitucional que discurra sobre la consistencia del diseño del órgano judicial y todo lo que comprenda para su mejor funcionamiento.
Rubén D. Atahuichi L.
Con más autoridad que muchos, Eduardo Rodríguez Veltzé analiza la situación del Órgano Judicial, los cuoteos de antes, el “dedazo” de ahora y las elecciones judiciales de octubre, de las que dice que deberían ser una oportunidad “refrendadora de un desempeño previo y verificable” de postulantes.
El ex Presidente responde un cuestionario escrito, en el que también califica la gestión de Evo Morales. “Tiene innumerables tareas por atender y resolver, y que la mayor parte de ellas no pasa por judicializarlas”, dice.
Rodríguez Veltzé recuerda que la noche del 9 de junio del 2005 el entonces presidente de la Cámara de Senadores, Hormando Vaca Díez, le llamó para hablarle de la sucesión presidencial, por prelación constitucional, ante la renuncia de Carlos Mesa Gisbert. “Recuerdo que semanas antes se produjo una reunión en casa del cardenal Julio Terrazas, quien procuró infructuosamente conciliar las diferencias entre Mesa y los presidentes de las cámaras (Vaca Díez y el de Diputados, Mario Cossío).
—¿Cuál fue su principal preocupación al cruzar la puerta del Palacio de Gobierno?
—La pacificación del país, procurar acuerdos para conducir elecciones y preservar el sistema democrático. Paralelamente, conformar un gobierno que articule con el Legislativo y las expectativas ciudadanas.
—¿Y al salir de la Presidencia? Tiene el estigma de la desactivación de los misiles chinos.
—Retornar a la Corte Suprema y continuar mis tareas judiciales. No obstante, percibí un ambiente hostil, pues una mayoría de ministros había desafiado mezquinamente la legalidad de mi retorno. No asumo el asunto de los misiles como un “estigma”, pues tengo la firme convicción sobre mi absoluta inocencia.
—¿Rebasaron su autoridad al autorizar la desactivación?
—Tal como he sostenido siempre, nunca autoricé la entrega de misiles a nadie. Este operativo se orquestó y condujo irregularmente cuando me encontraba en misión oficial en Brasil. Tan pronto conocí sus pormenores destituí al Comandante del Ejército (Marcelo Antezana), ordené procesos militares, acepté la renuncia del Ministro de Defensa (Gonzalo Méndez) y dispuse se formalice una protesta diplomática que se entregó al embajador de Estados Unidos (David Greenlee).
—Al llegar al mando, ¿qué percepción tenía del Poder Judicial?
—Compartí con varios ministros un especial interés por el desarrollo institucional del sistema judicial, impulsamos un diagnóstico que revelaba sus principales deficiencias y fijaba las bases de políticas públicas para transformarlo. La democracia, con alguna demora, empezaba a abrir espacios de reforma estructural; era un tiempo de autocrítica y de apuesta por los cambios.
—¿Cómo llegó a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia?
—En 1999 entró en vigencia la modalidad constitucional de elección a través del voto de dos tercios del total de miembros del Congreso. Había trabajado en la reforma judicial y en el servicio público, me interesaba el desafío. Estimé que mi trayectoria profesional no comprometida con la política partidaria podía ser útil, en contraste con anteriores períodos en los que la elección se producía por simple mayoría de una de las cámaras y con mayor influencia política.
—¿Le propusieron al puesto o se presentó de manera personal?
—Me presenté de manera personal. Fui elegido ministro en la primera votación junto con Carlos Tovar. Ambos logramos más del 92% de los votos.
—Mesa habla en su libro de ‘cuoteo como método’ en el periodo del MNR y sus aliados. ¿Contactaron entonces con usted?
—La descalificación generalizada so pretexto del “cuoteo” la encuentro inaceptable. Tal como lo dije a un medio al día siguiente de mi elección, el hecho de que políticos elijan a los jueces no convierte a éstos en políticos y menos deudores de ningún favor. Esta idea cobra hoy relevancia, pues considero que la legitimidad del desempeño de un juez es más relevante que la forma de su elección, indistintamente de la modalidad que se emplee.
—Incluso Mesa dice que se reunió con usted y Armando Villafuerte para analizar la reforma judicial y los nombramientos del entonces Congreso Nacional. ¿Qué dice?
—La reforma judicial es un tema de Estado y se coordina con todos los órganos de poder y sus integrantes, que intercambian criterios sobre todos sus alcances, incluida su conformación, lo cual no conlleva ningún propósito irregular, como parece insinuarse.
—¿Cómo llegó a la Presidencia de la Corte Suprema?
—Fui elegido presidente de la Corte en tres ocasiones, la primera al término del mandato de Villafuerte, con carácter interino, pues la Corte no contaba con el quórum de dos tercios del total de sus miembros, como requería la Constitución. Una segunda, cuando se completó la Corte con el nombramiento de ministros que cesaron en su mandato por su carácter provisorio y por tercera vez cuando se vuelve a completar el quórum con nombramientos congresales a fines del 2004.
—¿Sintió incidencia del poder político en la conformación de la Corte de la que fue parte?
—Sí, en algunas ocasiones. Una de ellas se produjo en la víspera de la última elección de presidente de la Corte. Algunos parlamentarios que asistieron a la inauguración del Año Judicial, en Sucre, ensayaron cabildeos para favorecer a un candidato regional. La mayoría de los ministros consideró inaceptable la intromisión y se preservó la independencia.
—¿Cómo fue el nivel de coordinación con el poder político?
—Durante los siete años que estuve en la Corte, ésta tuvo altibajos, por lo general, el Poder Judicial no mereció la atención prioritaria del Estado. La inestabilidad política afectó mucho, en ese mismo período pasaron seis presidentes del Ejecutivo.
—Es vox populi que el Poder Judicial fue funcional al poder político. ¿Qué dice?
—Que hay una gran distancia entre esa afirmación (que una vez más cae en la fácil generalización despectiva, aunque se invoque al pueblo y en latín) y lo que sucedía en el pasado y sigue sucediendo hoy con intensidades variables: hay abogados, funcionarios, fiscales, jueces, magistrados, legisladores y políticos que sucumben a intereses políticos o económicos para manipular el sistema judicial. Es imprescindible aislar e identificar esas distorsiones de conducta antes que poner la sombra a un órgano de poder que debe contar con la confianza ciudadana.
—¿Cómo percibe al actual Órgano Judicial Plurinacional?
—Es un aparato de transición conformado mayoritariamente por abogados designados “a dedo”, con base en la denominada “ley corta”, una desafortunada iniciativa legislativa que le restó legitimidad y restringió atribuciones, particularmente en el ámbito de la justicia constitucional, en desmedro de los remedios disponibles para los ciudadanos frente al abuso del poder público y el ejercicio efectivo de sus derechos. El Ministerio Público sufre de las mismas distorsiones de legitimidad y la actuación de muchos fiscales es notoriamente abusiva y discrecional.
—¿Cuál cree que es la principal falencia de la justicia en el país?
—Es un conjunto de factores: falta de acceso, normas obsoletas, ausencia de espacios de justicia de paz y de justicia administrativa, excesiva centralización recursiva a tribunales jerárquicos, incluido el Tribunal Constitucional; ausencia de diseños funcionales y políticos del órgano, sobredimensión de la justicia criminal, entre otras tantas que responden a una cultura jurídica ritualista que no promueve la observancia normativa, la innovación de espacios de justicia más simples y próximos al ciudadano y la solución pacífica de los conflictos.
—¿Cómo se debería plantear una reforma judicial?
—Partiendo de un diagnóstico sobre su funcionamiento y diseño, abrir una reflexión sobre la dimensión funcional y política del ejercicio de la jurisdicción en un Estado que inaugura un nuevo orden constitucional fundado en el “pluralismo jurídico”, un principio que no se restringe a la coexistencia del sistema ordinario con el indígena originario campesino, sino a una multiplicidad de opciones para diseñar una justicia más plural, más próxima y más confiable y apreciada por todos.
—¿Comparte la idea elección por voto popular de magistrados?
—No en el diseño previsto en la Constitución, sino bajo una modalidad más bien refrendadora de un desempeño previo y verificable. La dificultad de elegir a jueces conlleva problemas como los que hoy se atraviesan para la difusión y selección de los candidatos y sus méritos. La contradicción de convertir a los jueces en autoridades político representativas cuando en su función no representan a nadie y sólo deben resolver sus causas conforme a ley y no a la opinión de sus electores.
—¿Encuentra alguna intencionalidad política en el proceso electoral que se avecina?
—En rigor, en el proceso importa la implantación de un diseño constitucional vigente. Cualquier intencionalidad política debería orientarse a examinar sus méritos y problemas para superarlos y no tomar ventaja de ellos.
—¿Coincide con las restricciones para la propaganda electoral?
—No, porque afecta el derecho de los electores a ser informados y de todos a expresar libremente sus opiniones en el marco de los derechos consagrados por la Constitución. Se trata de un tensión entre el ejercicio de un derecho fundamental (libertad de expresión, opinión e información) y una restricción administrativa (limitaciones en elecciones judiciales), ambas contenidas en la Constitución. Me inclino por la prevalencia de los derechos.
—¿Halla restricciones para el trabajo periodístico?
—Sí, tal como le expliqué.
Los desafíos del futuro Órgano Judicial
—¿Cómo debería ser una conformación ideal del Órgano Judicial?
—El diseño del Órgano Judicial debe ser correspondiente con el nuevo Estado Plurinacional de Derecho Comunitario, desconcentrado, con autonomías y fundado en el pluralismo jurídico. Esta caracterización, a mi juicio, debe replantear la anterior y actual estructura orgánica todavía muy centralista y neocolonial en muchos aspectos. Insisto en significar la importancia del pluralismo jurídico como un cimiento para construir un nuevo sistema más funcional, más desconcentrado y más cercano a los ciudadanos.
—Es inminente el proceso, ¿qué desafíos propone al futuro Órgano Judicial?
—Dos desafíos: el primero es asumir que su desempeño es más importante que su sola elección, el control social y la participación ciudadana sobre la función judicial debe ser efectiva a través del monitoreo sobre la predictibilidad e integridad de los fallos. El segundo es abrir una reflexión sobre una próxima reforma constitucional que discurra sobre la consistencia del diseño del órgano judicial y todo lo que comprenda para su mejor funcionamiento.
martes, 10 de mayo de 2011
Si hay cuoteo, no optarán por ellos
Rubén D. Atahuichi López
Estas últimas semanas, el país masculla el debate que políticos de izquierda y derecha, y los medios de información, hacen sobre las elecciones judiciales, que, si no existe mayor inconveniente, se desarrollarán en octubre de este año.
Al margen de las cuestionadas restricciones a las libertades de expresión, de prensa y de información planteadas para esos comicios, la discusión se ha centrado en el supuesto afán del Movimiento Al Socialismo (MAS) de pretender copar “ahora” el Órgano Judicial Plurinacional a través de esa votación.
Es que los bolivianos elegirán a 56 magistrados de una lista de 125 postulantes previamente validada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la que el MAS tiene más de dos tercios de votos. ¿Una lista previa? Claro que sí, con la diferencia de que esta lista va a ser sometida a votación popular.
Legítima o no, funcional o no, el procedimiento implicará una versión “mejorada” de los anteriores, cuando los principales partidos políticos hacían planchas directas para someterla a votación de los senadores y diputados. Normalmente, esas listas respondían a los intereses de las representaciones mayoritarias de entonces y, consiguientemente, resultaban ser consumadas sin mayor polémica. El pretexto era “institucionalizar” las estructuras del Estado.
Sin embargo, ahora pareciera ser tan nueva la idea y el afán, que sectores contrarios al Gobierno se rasgan las vestiduras y arguyen que el MAS “quiere copar también el Órgano Judicial”, después de hacer lo mismo con el Órgano Judicial y la Asamblea Legislativa Plurinacional, aunque esta última tras una votación nacional.
En el último tiempo, antes de la administración de Evo Morales, los periodistas sabíamos, y así lo informábamos, que la conformación de las distintas estructuras del viejo Poder Judicial era cuoteada por los partidos políticos, desde los de menor representación legislativa hasta los mayoritarios. Sin desparpajos.
Así también lo recuerda en Presidencia sitiada Carlos Mesa Gisbert, quien hace memoria de la necesidad de reformas judiciales en varias reuniones entre del gobierno que participó y las autoridades judiciales de entonces. Dice que estuvo de acuerdo con que los postulantes no fueran ni ex garciamezistas ni militantes de los partidos de gobierno, pero que intentó evitar infructuosamente el “cuoteo que irónicamente fue inviable en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura, dadas las posiciones irreductibles de los partidos que querían imponer sus propios candidatos”. Y recuerda que en el Tribunal Constitucional esos partidos (MNR, MIR y NFR) “lograron un acuerdo y pusieron sus fichas”.
¿Es así ahora? Muchos hechos parecen confirmar por lo menos el interés de incidir en la selección de candidatos y candidatas, por la misma votación favorable que el partido de gobierno tiene en el Órgano Legislativo. Es, pues, el poder que lo puede todo.
Pero a estas alturas de la experiencia democrática boliviana, los ciudadanos no se dejan engatusar con esos afanes políticos. Si todo resulta tan nefasto en la selección de postulantes, en octubre los resultados pueden ser blancos o nulos, una grave fisura al Estado que se pretende.
Columna publicada en La Razón
Estas últimas semanas, el país masculla el debate que políticos de izquierda y derecha, y los medios de información, hacen sobre las elecciones judiciales, que, si no existe mayor inconveniente, se desarrollarán en octubre de este año.
Al margen de las cuestionadas restricciones a las libertades de expresión, de prensa y de información planteadas para esos comicios, la discusión se ha centrado en el supuesto afán del Movimiento Al Socialismo (MAS) de pretender copar “ahora” el Órgano Judicial Plurinacional a través de esa votación.
Es que los bolivianos elegirán a 56 magistrados de una lista de 125 postulantes previamente validada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la que el MAS tiene más de dos tercios de votos. ¿Una lista previa? Claro que sí, con la diferencia de que esta lista va a ser sometida a votación popular.
Legítima o no, funcional o no, el procedimiento implicará una versión “mejorada” de los anteriores, cuando los principales partidos políticos hacían planchas directas para someterla a votación de los senadores y diputados. Normalmente, esas listas respondían a los intereses de las representaciones mayoritarias de entonces y, consiguientemente, resultaban ser consumadas sin mayor polémica. El pretexto era “institucionalizar” las estructuras del Estado.
Sin embargo, ahora pareciera ser tan nueva la idea y el afán, que sectores contrarios al Gobierno se rasgan las vestiduras y arguyen que el MAS “quiere copar también el Órgano Judicial”, después de hacer lo mismo con el Órgano Judicial y la Asamblea Legislativa Plurinacional, aunque esta última tras una votación nacional.
En el último tiempo, antes de la administración de Evo Morales, los periodistas sabíamos, y así lo informábamos, que la conformación de las distintas estructuras del viejo Poder Judicial era cuoteada por los partidos políticos, desde los de menor representación legislativa hasta los mayoritarios. Sin desparpajos.
Así también lo recuerda en Presidencia sitiada Carlos Mesa Gisbert, quien hace memoria de la necesidad de reformas judiciales en varias reuniones entre del gobierno que participó y las autoridades judiciales de entonces. Dice que estuvo de acuerdo con que los postulantes no fueran ni ex garciamezistas ni militantes de los partidos de gobierno, pero que intentó evitar infructuosamente el “cuoteo que irónicamente fue inviable en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura, dadas las posiciones irreductibles de los partidos que querían imponer sus propios candidatos”. Y recuerda que en el Tribunal Constitucional esos partidos (MNR, MIR y NFR) “lograron un acuerdo y pusieron sus fichas”.
¿Es así ahora? Muchos hechos parecen confirmar por lo menos el interés de incidir en la selección de candidatos y candidatas, por la misma votación favorable que el partido de gobierno tiene en el Órgano Legislativo. Es, pues, el poder que lo puede todo.
Pero a estas alturas de la experiencia democrática boliviana, los ciudadanos no se dejan engatusar con esos afanes políticos. Si todo resulta tan nefasto en la selección de postulantes, en octubre los resultados pueden ser blancos o nulos, una grave fisura al Estado que se pretende.
Columna publicada en La Razón
lunes, 9 de mayo de 2011
'Primero el mar, luego Silala y Lauca'
Es uno de los ex presidentes que más convicción expresó a la hora de sumarse a la iniciativa de Evo Morales de acudir a tribunales internacionales por la demanda marítima. Aun así, con la distancia política que mantiene con el Mandatario, Mesa Gisbert es un duro crítico de las acciones de la administración gubernamental. Considera que para el Gobierno será difícil salir de la crisis política que se derivó del decreto que en diciembre pretendió nivelar el precio de los carburantes.
Rubén D. Atahuichi López
Alejado de la política, aunque pendiente de ella, comprometido ahora con la demanda marítima y mordaz con el Gobierno, Carlos Mesa Gisbert hace un repaso a las relaciones de Bolivia con Chile, de las que sigue pensando como el 2004, cuando le encaró a Ricardo Lagos en la Cumbre de Monterrey: Con Chile hay paz, no amistad.
Como varias ocasiones, el ex Presidente tiene serios cuestionamientos a la política chilena en relación a Bolivia, hasta raya en serios reparos con la diplomacia trasandina, a la que reclama trato igual que a Perú, país con el que mantiene un diferendo marítimo en tribunales de La Haya. Sin embargo, su convicción con el ansiado mar no cambia su percepción crítica respecto del gobierno de Evo Morales.
Así, cuestiona el frustrado ‘gasolinazo’ (según el Gobierno, la ‘nivelación’ de precios del diésel y la gasolina dictada en el Decreto Supremo 748, el 26 de diciembre del 2010), que en su criterio marcó un punto de inflexión entre el apoyo popular de antes y el descontento popular de ahora.
Como alternativa, considera que esa nivelación debería haber sido gradual, “en porcentajes razonables (10% ó 15%)” y en función de la realidad social. “Por lo tanto, la racionalidad económica ‘neoliberal’ puede funcionar en el escritorio, pero no en la realidad, tal es así que el presidente Morales tuvo que retirar la medida”, recuerda.
Descontento o no con el ‘proceso’ que encarna Morales, lo que sí Mesa Gisbert destaca del Presidente es su apuesta por la demanda marítima, hasta lo defiende del criterio chileno en sentido de que el anuncio del 23 de marzo de acudir a tribunales internacionales fue político, recurrente ante las crisis de popularidad.
— ¿Sigue pensando como el 2004 cuando le dijo a Lagos que con Chile hay paz, no amistad?
— La respuesta es muy evidente, dado que las cosas no han cambiado desde ese momento, y mi posición, tampoco.
— ¿Cómo debería actuarse tras el viraje estratégico del 23 de marzo?
— Como tú sabes, hemos tenido una reunión con el presidente Evo Morales cinco ex presidentes que fuimos invitados, y uno de los elementos que surgió como acuerdo de partes entre el Presidente y nosotros es que, por la naturaleza del tema y por cuestión de Estado, y lo delicado que es su tratamiento, de no hacer ninguna opinión en específico sobre lo que el Gobierno está haciendo y lo que va a hacer, hasta que el Gobierno no haga oficial su punto de vista. Y como todavía el Presidente, más allá de lo que dijo en su discurso del 23 de marzo, no ha adelantado ningún otro elemento complementario, hay que esperar lo que el Presidente, el Canciller o el director de la oficina de Reivindicación puedan decir.
— En Potosí plantearon el uso gradual de las aguas del Silala.
— Yo creo que una cosa que es evidente de manera general en las dificultades de relación con Chile el tema número uno es la reivindicación marítima, el número dos es Silala y el tres, el desvío del río Lauca.
Silala es un tema pendiente, muy sensible y muy importante de resolver. Creo que la posición boliviana ha vuelto al punto en el que estuvo en el origen, es decir, hay una cuestión pendiente de largo plazo.
Lo que plantea Potosí es una perspectiva y, como eso forma parte del paquete de negociación, Bolivia tiene que encarar eso de manera bilateral. Es un tema que Bolivia tendrá que resolver pero dentro de lo que el Gobierno está considerando como reivindicación general de sus relaciones con Chile. Por lo tanto, está tan embargada mi voz en el caso Silala como en el del río Lauca y del mar, en el sentido de voluntaria aceptación.
— Chile y Perú mantienen relaciones diplomáticas a pesar de la demanda en La Haya. ¿Considera que hay un tratamiento distinto de Chile a Bolivia?
— Por supuesto que sí. Me parece que la argumentación de Chile es endeble, en la medida en que no puede tener un criterio para su relación con el Perú y otro diferente para su relación con Bolivia. Sí está enzarzada en este momento en un diferendo en un tribunal internacional y eso no ha impedido no solamente una relación fluida a nivel bilateral, sino incluso una visita de Estado del Presidente (Alan) García hace unos meses a su colega (Sebastián) Piñera, no veo por qué Chile pretende excluir la relación bilateral fluida, que es lo que ha propuesto el Gobierno de Bolivia, a título de que Bolivia podría potencialmente ir a un tribunal internacional.
Yo creo que hiciste una pregunta correcta: Chile está haciendo una diferenciación que no tiene ningún sentido ni ninguna consistencia en lo que hace a una postura diplomática de un país en relación a sus vecinos, en este caso Perú y Bolivia.
— Usted siempre planteó multilateralidad. ¿Ha sido oportuno plantear el 23 de marzo esa postura a través del Presidente?
— Nuestra postura fue muy clara: creemos que Bolivia tiene todo el derecho de apelar a la bilateralidad, trilateralidad y multilateralidad de acuerdo a conveniencia e intereses del país en función de los mejores resultados. Ésa es una posición en la que me ratifico, y yo celebré que el presidente Morales recuperase el concepto de la multilateralidad y él mismo ha planteado que no desconoce ni niega la posibilidad de una relación bilateral y supongo que tampoco trilateral.
Lo que yo sostenía no era una posición personal, sino una interpretación en la que siempre he creído: la preservación de políticas de Estado y ésa fue una política de Estado boliviana en el largo plazo, anterior a nuestro gobierno, y, por lo tanto, el que se haya recuperado me parece correcto, porque Bolivia no debe hacer es separarse de sus propias políticas del Estado.
— Amerita la unidad ante esa demanda de magnitud. ¿Estará Bolivia preparada para eso?
— El gesto que tomó el Presidente de convocar a cinco ex presidentes muestra una paso adelante por comprender que más allá de nuestras diferencias —que son muchas y muy grandes— hay criterios que están por encima de ello. Esa iniciativa marca un giro importante.
Yo quiero subrayar que es la primera vez en la historia que se produce una convocatoria de esta naturaleza. Algunos medios han dicho equivocadamente que en 1990 ya se hizo una convocatoria de ex presidentes, lo cual no es cierto. Entonces estuvieron dos personas, Hugo Banzer —que sí era ex Presidente— y Gonzalo Sánchez de Lozada —que todavía no había sido Presidente—, y la convocatoria no fue para ex presidentes, sino para jefes de partidos políticos.
Ahora, el país está muy polarizado, más allá de esa iniciativa, que todavía no se han reabierto los vasos comunicantes entre el Gobierno y la oposición, que las posturas, sobre todo en las iniciativas del Gobierno, no son lo suficientemente amplias. Creo que esto es una oportunidad que debiera ampliarse en el caso del mar, sino en el diálogo Gobierno-oposición. Todavía el país —esto tiene que ver con responsabilidades del Gobierno— no ha dado el salto de funcionar democráticamente en los elementos políticos de su vida cotidiana. En ese sentido, todavía no estamos preparados.
— ¿Considera que fue político el mensaje presidencial del 23 de marzo como lo perciben en Chile?
— Uno de los lugares comunes y típicos, y de un poco avezado comentarista internacional, es que los presidentes bolivianos apelan al tema del mar siempre que están en dificultades de popularidad. Quiero recordar mi caso, porque de algún modo se hace referencia a mi propio gobierno, cuando tuve el problema con el presidente Lagos en la Cumbre de Monterrey (enero 2004) mi respaldo popular era del 81%. Está difícil que se pueda considerar que yo apelé al tema en ese momento.
Cuando tuve dificultades —mi peor momento fue 50% de respaldo popular, en el final de mi gobierno— el mar no estaba en debate: yo no reivindiqué el mar para resolver la crisis de junio. Por lo tanto, simplemente son lugares comunes. Yo podría interpretar, en este caso, que hubo una coincidencia en un momento difícil del Gobierno, pero mi impresión es que el 23 de marzo no está libre de toda sospecha; es decir, si realmente hubiera sido un caso de popularidad, qué coincidencia cayó en 23 de marzo el discurso del Presidente; tuvo que esperar un año para su popularidad.
— ¿Cómo percibe la situación del país?
—Difícil, complicada, creo que estamos en un momento de inflexión. El ‘gasolinazo’ ha marcado un antes y un después del gobierno de Evo Morales, y ese antes y después no lo está resolviendo adecuadamente. El problema que enfrenta el Gobierno es que esa medida rompió un pacto no escrito entre el Presidente y los sectores populares, y de base de la sociedad, que era ‘podré hacer cualquier cosa en función política, podré cometer errores, pero nunca en contra tuya, a diferencia de mis antecesores’. Éste, el discurso que, por supuesto, yo no creo, porque fui parte de sus antecesores.
El ‘gasolinazo’ fue el golpe más duro que se haya dado en democracia, en términos de costo y fardo económico. Quiero subrayar algo: yo no acepto —me parece una barbaridad— que los periodistas acepten el denominativo de ‘neoliberal’ para el período democrático anterior a Evo Morales.
— ¿Acaso no era necesario el gasolinazo?
—El hecho de que fuera necesario hay que analizarlo en dos direcciones. Uno, suponiendo que lo fuera, el Gobierno aceptaría que las reglas de juego que tuvieron que aceptar sus antecesores fueron las mismas; las reacciones del Gobierno fueron exactamente las mismas que las de sus antecesores. Segundo, ni la suma total de los gasolinazos, desde Víctor Paz Estenssoro hasta Eduardo Rodríguez Veltzé, no hace el porcentaje de aumento que de una sola vez trató de imponer el presidente Morales. Eso da una idea de la desmesura de la idea.
A juicio del diputado Edwin Tupa
Dice que lo conoce a través de la televisión desde los 15 años. Edwin Tupa (38) es jefe de la bancada nacional de Diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS). A él le encargamos el juicio a Carlos Mesa Gisbert
— ¿Cuándo conoció a Mesa?
— Yo lo conocí en los noticieros de la televisión, como un buen periodista y presentador de grandes documentales.
—¿Alguna vez le estrechó la mano ?
—En ningún momento.
—¿Cómo lo considera políticamente ?
—Él tuvo una gran oportunidad cuando estuvo en la silla presidencial (2003-2005), pero no supo manejarse políticamente; perdió la oportunidad.
—¿Su personalidad?
—Mis respetos y mi admiración como periodista. Es un buen referente, yo lo veía desde mis 15 años (tengo 38). Su aporte en ese gremio ha sido fundamental.
—¿Lo ve como candidato presidencial?
—No, no lo veo como candidato. Creo que ya ni aparece en los noticieros, no lo vi en el ámbito periodístico y no está dedicado a la política. Pero es un buen periodista, lo admiro bastante.
Entrevista publicada en el suplemento político Animal Político de La Razón
Rubén D. Atahuichi López
Alejado de la política, aunque pendiente de ella, comprometido ahora con la demanda marítima y mordaz con el Gobierno, Carlos Mesa Gisbert hace un repaso a las relaciones de Bolivia con Chile, de las que sigue pensando como el 2004, cuando le encaró a Ricardo Lagos en la Cumbre de Monterrey: Con Chile hay paz, no amistad.
Como varias ocasiones, el ex Presidente tiene serios cuestionamientos a la política chilena en relación a Bolivia, hasta raya en serios reparos con la diplomacia trasandina, a la que reclama trato igual que a Perú, país con el que mantiene un diferendo marítimo en tribunales de La Haya. Sin embargo, su convicción con el ansiado mar no cambia su percepción crítica respecto del gobierno de Evo Morales.
Así, cuestiona el frustrado ‘gasolinazo’ (según el Gobierno, la ‘nivelación’ de precios del diésel y la gasolina dictada en el Decreto Supremo 748, el 26 de diciembre del 2010), que en su criterio marcó un punto de inflexión entre el apoyo popular de antes y el descontento popular de ahora.
Como alternativa, considera que esa nivelación debería haber sido gradual, “en porcentajes razonables (10% ó 15%)” y en función de la realidad social. “Por lo tanto, la racionalidad económica ‘neoliberal’ puede funcionar en el escritorio, pero no en la realidad, tal es así que el presidente Morales tuvo que retirar la medida”, recuerda.
Descontento o no con el ‘proceso’ que encarna Morales, lo que sí Mesa Gisbert destaca del Presidente es su apuesta por la demanda marítima, hasta lo defiende del criterio chileno en sentido de que el anuncio del 23 de marzo de acudir a tribunales internacionales fue político, recurrente ante las crisis de popularidad.
— ¿Sigue pensando como el 2004 cuando le dijo a Lagos que con Chile hay paz, no amistad?
— La respuesta es muy evidente, dado que las cosas no han cambiado desde ese momento, y mi posición, tampoco.
— ¿Cómo debería actuarse tras el viraje estratégico del 23 de marzo?
— Como tú sabes, hemos tenido una reunión con el presidente Evo Morales cinco ex presidentes que fuimos invitados, y uno de los elementos que surgió como acuerdo de partes entre el Presidente y nosotros es que, por la naturaleza del tema y por cuestión de Estado, y lo delicado que es su tratamiento, de no hacer ninguna opinión en específico sobre lo que el Gobierno está haciendo y lo que va a hacer, hasta que el Gobierno no haga oficial su punto de vista. Y como todavía el Presidente, más allá de lo que dijo en su discurso del 23 de marzo, no ha adelantado ningún otro elemento complementario, hay que esperar lo que el Presidente, el Canciller o el director de la oficina de Reivindicación puedan decir.
— En Potosí plantearon el uso gradual de las aguas del Silala.
— Yo creo que una cosa que es evidente de manera general en las dificultades de relación con Chile el tema número uno es la reivindicación marítima, el número dos es Silala y el tres, el desvío del río Lauca.
Silala es un tema pendiente, muy sensible y muy importante de resolver. Creo que la posición boliviana ha vuelto al punto en el que estuvo en el origen, es decir, hay una cuestión pendiente de largo plazo.
Lo que plantea Potosí es una perspectiva y, como eso forma parte del paquete de negociación, Bolivia tiene que encarar eso de manera bilateral. Es un tema que Bolivia tendrá que resolver pero dentro de lo que el Gobierno está considerando como reivindicación general de sus relaciones con Chile. Por lo tanto, está tan embargada mi voz en el caso Silala como en el del río Lauca y del mar, en el sentido de voluntaria aceptación.
— Chile y Perú mantienen relaciones diplomáticas a pesar de la demanda en La Haya. ¿Considera que hay un tratamiento distinto de Chile a Bolivia?
— Por supuesto que sí. Me parece que la argumentación de Chile es endeble, en la medida en que no puede tener un criterio para su relación con el Perú y otro diferente para su relación con Bolivia. Sí está enzarzada en este momento en un diferendo en un tribunal internacional y eso no ha impedido no solamente una relación fluida a nivel bilateral, sino incluso una visita de Estado del Presidente (Alan) García hace unos meses a su colega (Sebastián) Piñera, no veo por qué Chile pretende excluir la relación bilateral fluida, que es lo que ha propuesto el Gobierno de Bolivia, a título de que Bolivia podría potencialmente ir a un tribunal internacional.
Yo creo que hiciste una pregunta correcta: Chile está haciendo una diferenciación que no tiene ningún sentido ni ninguna consistencia en lo que hace a una postura diplomática de un país en relación a sus vecinos, en este caso Perú y Bolivia.
— Usted siempre planteó multilateralidad. ¿Ha sido oportuno plantear el 23 de marzo esa postura a través del Presidente?
— Nuestra postura fue muy clara: creemos que Bolivia tiene todo el derecho de apelar a la bilateralidad, trilateralidad y multilateralidad de acuerdo a conveniencia e intereses del país en función de los mejores resultados. Ésa es una posición en la que me ratifico, y yo celebré que el presidente Morales recuperase el concepto de la multilateralidad y él mismo ha planteado que no desconoce ni niega la posibilidad de una relación bilateral y supongo que tampoco trilateral.
Lo que yo sostenía no era una posición personal, sino una interpretación en la que siempre he creído: la preservación de políticas de Estado y ésa fue una política de Estado boliviana en el largo plazo, anterior a nuestro gobierno, y, por lo tanto, el que se haya recuperado me parece correcto, porque Bolivia no debe hacer es separarse de sus propias políticas del Estado.
— Amerita la unidad ante esa demanda de magnitud. ¿Estará Bolivia preparada para eso?
— El gesto que tomó el Presidente de convocar a cinco ex presidentes muestra una paso adelante por comprender que más allá de nuestras diferencias —que son muchas y muy grandes— hay criterios que están por encima de ello. Esa iniciativa marca un giro importante.
Yo quiero subrayar que es la primera vez en la historia que se produce una convocatoria de esta naturaleza. Algunos medios han dicho equivocadamente que en 1990 ya se hizo una convocatoria de ex presidentes, lo cual no es cierto. Entonces estuvieron dos personas, Hugo Banzer —que sí era ex Presidente— y Gonzalo Sánchez de Lozada —que todavía no había sido Presidente—, y la convocatoria no fue para ex presidentes, sino para jefes de partidos políticos.
Ahora, el país está muy polarizado, más allá de esa iniciativa, que todavía no se han reabierto los vasos comunicantes entre el Gobierno y la oposición, que las posturas, sobre todo en las iniciativas del Gobierno, no son lo suficientemente amplias. Creo que esto es una oportunidad que debiera ampliarse en el caso del mar, sino en el diálogo Gobierno-oposición. Todavía el país —esto tiene que ver con responsabilidades del Gobierno— no ha dado el salto de funcionar democráticamente en los elementos políticos de su vida cotidiana. En ese sentido, todavía no estamos preparados.
— ¿Considera que fue político el mensaje presidencial del 23 de marzo como lo perciben en Chile?
— Uno de los lugares comunes y típicos, y de un poco avezado comentarista internacional, es que los presidentes bolivianos apelan al tema del mar siempre que están en dificultades de popularidad. Quiero recordar mi caso, porque de algún modo se hace referencia a mi propio gobierno, cuando tuve el problema con el presidente Lagos en la Cumbre de Monterrey (enero 2004) mi respaldo popular era del 81%. Está difícil que se pueda considerar que yo apelé al tema en ese momento.
Cuando tuve dificultades —mi peor momento fue 50% de respaldo popular, en el final de mi gobierno— el mar no estaba en debate: yo no reivindiqué el mar para resolver la crisis de junio. Por lo tanto, simplemente son lugares comunes. Yo podría interpretar, en este caso, que hubo una coincidencia en un momento difícil del Gobierno, pero mi impresión es que el 23 de marzo no está libre de toda sospecha; es decir, si realmente hubiera sido un caso de popularidad, qué coincidencia cayó en 23 de marzo el discurso del Presidente; tuvo que esperar un año para su popularidad.
— ¿Cómo percibe la situación del país?
—Difícil, complicada, creo que estamos en un momento de inflexión. El ‘gasolinazo’ ha marcado un antes y un después del gobierno de Evo Morales, y ese antes y después no lo está resolviendo adecuadamente. El problema que enfrenta el Gobierno es que esa medida rompió un pacto no escrito entre el Presidente y los sectores populares, y de base de la sociedad, que era ‘podré hacer cualquier cosa en función política, podré cometer errores, pero nunca en contra tuya, a diferencia de mis antecesores’. Éste, el discurso que, por supuesto, yo no creo, porque fui parte de sus antecesores.
El ‘gasolinazo’ fue el golpe más duro que se haya dado en democracia, en términos de costo y fardo económico. Quiero subrayar algo: yo no acepto —me parece una barbaridad— que los periodistas acepten el denominativo de ‘neoliberal’ para el período democrático anterior a Evo Morales.
— ¿Acaso no era necesario el gasolinazo?
—El hecho de que fuera necesario hay que analizarlo en dos direcciones. Uno, suponiendo que lo fuera, el Gobierno aceptaría que las reglas de juego que tuvieron que aceptar sus antecesores fueron las mismas; las reacciones del Gobierno fueron exactamente las mismas que las de sus antecesores. Segundo, ni la suma total de los gasolinazos, desde Víctor Paz Estenssoro hasta Eduardo Rodríguez Veltzé, no hace el porcentaje de aumento que de una sola vez trató de imponer el presidente Morales. Eso da una idea de la desmesura de la idea.
A juicio del diputado Edwin Tupa
Dice que lo conoce a través de la televisión desde los 15 años. Edwin Tupa (38) es jefe de la bancada nacional de Diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS). A él le encargamos el juicio a Carlos Mesa Gisbert
— ¿Cuándo conoció a Mesa?
— Yo lo conocí en los noticieros de la televisión, como un buen periodista y presentador de grandes documentales.
—¿Alguna vez le estrechó la mano ?
—En ningún momento.
—¿Cómo lo considera políticamente ?
—Él tuvo una gran oportunidad cuando estuvo en la silla presidencial (2003-2005), pero no supo manejarse políticamente; perdió la oportunidad.
—¿Su personalidad?
—Mis respetos y mi admiración como periodista. Es un buen referente, yo lo veía desde mis 15 años (tengo 38). Su aporte en ese gremio ha sido fundamental.
—¿Lo ve como candidato presidencial?
—No, no lo veo como candidato. Creo que ya ni aparece en los noticieros, no lo vi en el ámbito periodístico y no está dedicado a la política. Pero es un buen periodista, lo admiro bastante.
Entrevista publicada en el suplemento político Animal Político de La Razón
martes, 26 de abril de 2011
Del Granado: "El MSM es una opción ante la debacle masista"
Fue el alcalde a quien Evo Morales quiso clonarlo. Convivió durante cuatro años y más con el gobierno del MAS, pero ahora se arrepiente y detesta esa etapa política, como de su pacto con el MNR. Considera que el MAS rompió con el MSM: “El MSM les aparecía como innecesario, como un peligroso estorbo en esta construcción hegemónica; fue una señal muy clara de esta equivocada conducción política e ideológica que el Gobierno está llevando hacia adelante.
“De manera autocrítica, asumimos como nuestros los errores de la conducción gubernamental en el primer tiempo; no estamos de ninguna manera ajenos a una autocrítica, aunque nuestra visión fue crítica y autocrítica, buscamos profundizar los aciertos y corregir los errores”.
Rubén D. Atahuichi López
Habla como candidato y dice que no lo es, aunque no descarta esa opción. Pero se decanta contra quien fue aliado suyo, Evo Morales Ayma, en este momento todavía el hombre con más fuerza política en el país. Juan del Granado presenta al Movimiento Sin Miedo (MSM) como la alternativa “ante la debacle masista”.
El ex alcalde de La Paz (1999-2010) ya trabaja para las elecciones “del 2014 o del 2019”. “Desde abril del 2010 estamos relanzando al MSM como opción nacional frente a la debacle masista y la mala conducción de este proceso”, dice.
Según explica, la propuesta del MSM consigna cuatro tipos de ‘construcciones’: económica y productiva, “para la articulación de un nuevo modelo económico”; la autonómica, para la “gestión de intereses de la gente en todos los rincones del país; la institucional, para plantear “una renovada institucionalidad democrática en el país”; y la plurinacional, para “sociedad no solamente de iguales, sino de pueblos y culturas iguales”.
Aunque recuerda a la derecha conservadora y neoliberal, Del Granado se apasiona contra el MAS y su propuesta política. El año 2009, (Álvaro) García Linera ofreció ‘capitalismo andino’ y a los pocos meses se pasó a ‘socialismo comunitario’. Hoy sabemos que hay una gran discusión entre los ‘comunitaristas’ y los ‘industrialistas’.
Ideológicamente, no tienen claras las cosas los amigos del MAS. Hasta se anima a decir que el Gobierno es un “mar de improvisaciones” y un reciclado de ‘unionistas’, adenistas y movimientistas.
— Si lo escuchan (leen) los del MAS, van a sindicarlo de emebelista o aliado del MNR.
— Fue parte de mi trayectoria política y no tengo ningún inconveniente en reivindicar mi pertenencia al viejo MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), que luchó incansablemente por la recuperación democrática.
Reconozco el gravísimo error que cometimos en el MBL (Movimiento Bolivia Libre) de aliarnos con Gonzalo Sánchez de Lozada, pero el MBL fue anterior al MSM y éste no tiene nada que ver con el MBL.
A lo que voy es a que una nueva opción política no puede, si no tiene organización ni cuadros, ser el lugar de reciclaje de la vieja partidocracia y de los corruptos de siempre. Por eso es tarea esencial en una organización la formación.
— ¿Y el MSM es una propuesta de cambio al cambio?
— Sí, y no para el 2014, sino para hoy, porque hoy…
— ¿Y se puede incidir en eso?
— ...hoy, la gente necesita orientación y claridad sobre lo que está pasando en el país para no volver al pasado, y no suponer que estábamos mejor hace cinco años frente a la debacle masista, pero para no quedarnos en el presente, para avanzar en una visión de cambio verdadero, que tiene que ver con los cuatro desafíos que el MSM propone, pero en un ámbito profundamente democrático, teniendo como principio articulador la pluralidad económica. Estamos en contra del estatismo extremo, como estamos en contra del neoliberalismo; debe haber un justo equilibrio entre el mercado y el Estado, que no deben volver al pasado cuando fue anulado por el mercado. Tampoco podemos estar con las chapucerías de estos estatismos extremos, que quieren producir desde leche hasta cartón, pasando por las pilas de litio y las plantas de úrea.
— Eso suena a despecho; el MSM fue parte de la formulación de esos proyectos.
— No, nunca sostuvimos estatismo extremo ni que el Estado tenga que eliminar el mercado y la inversión privada o la producción comunitaria. Nuestra gestión de 10 años en La Paz ha sido un ejemplo de pluralismo; la inversión pública se ha duplicado y la hemos acompañado con acuerdos estratégicos, y con la cooperación internacional.
— Es posible que crean en el presente, pero también se proyectan con fines electorales. ¿Se puede hablar del MSM y Juan del Granado como una opción de cambio al cambio?
—Estamos en la construcción de una nueva alternativa política, que renueve, replantee y reconduzca el cambio para orientar y defender a la gente frente a esta visión autoritaria. Imagínate a qué extremo hemos llegado: Evo, García Linera y ministros calificando a la Central Obrera Boliviana (COB) de derechistas y golpistas, y a los trabajadores, el núcleo central del pueblo, que siempre han alentado el cambio y que siempre han sido el escudo ante las dictaduras. Evo Morales no sería Presidente sin los trabajadores.
Vendrán las elecciones en su momento. Además, somos profundamente democráticos, no vamos a hacer lo que dice García Linera: quieren voltear a Evo. No queremos voltear a nadie. Ojalá le vaya bien a Evo, ojalá gobierne bien.
Y veremos en qué grado de construcción alternativa nos encontramos el 2014 o el 2019.
— ¿Con Juan como candidato?
— No. La demostración es que ganamos La Paz sin Juan, cuando todos, incluyéndote a ti, los periodistas suponían si Juan no era candidato no ganábamos La Paz, mucho más si lo teníamos al frente a Evo Morales, a todo el aparato del MAS, a todo el dinero del Gobierno, a toda la campaña publicitaria en contra.
No te olvides que de Alcalde a ser clonado pasé a ‘Alcalde inepto’, en la boca del Presidente. Si pudimos ganar La Paz sin Juan, ¿por qué no podemos ganar con una propuesta alternativa a la conducción de los espacios nacionales?
— Pero Juan tiene un liderazgo absoluto en el MSM.
— Es relativo. ¿Cómo explicas el triunfo de Luis Revilla? ¿Por qué no puede ser Lucho o Rossío Pimentel (la Alcaldesa de Oruro)?
— Pimentel no es del MSM.
— No importa. El candidato no tiene que ser necesariamente del partido.
— Ah, ¿sí?
— Claro, estamos en una construcción que no puede ser ‘uniquista’ o partidocrática. Lo último que haremos será, pues, elegir candidato.
— ¿No será un riesgo? Pimentel dijo que le tiene miedo al MSM.
— (Se ríe) Sí, la he escuchado y lo comentamos con Rossío. Es que hay problemas, pues, en una conducción compleja como es la Alcaldía destrozada que recibió Rossío, un partido pequeño, el MSM, y las dimensiones del desafío de una persona que viene del periodismo.
Es un conjunto de problemas que todavía no los hemos superado en Oruro. Sigue habiendo una distancia entre el MSM y nuestra Alcaldesa; ella sigue siendo una persona que no es militante del MSM, pero la gestión sí es del MSM, ella llegó a la Alcaldía con nosotros.
— ¿Será potable una candidatura externa en el MSM?
— Claro que sí, perfectamente.
— ¿Para la Presidencia?
— Para la Presidencia, las diputaciones, las gobernaciones o las alcaldías. Es parte de una visión nueva. Así como no puede ser una visión partidocrática, el propio partido tiene que ser una visión nueva. Deberíamos tener un partido autonómico.
¬— ¿Apuesta a que no va a ser candidato presidencial el 2014?
— Ni lo uno ni lo otro, porque no puedo condicionar nada cuando no estamos definiendo candidaturas, cuando ésa no es la tarea. He estado en Guayaramerín y hemos tenido una caravana de recepción de cinco cuadras, y lo primero que me preguntaron tus colegas fue si ya empezó la campaña electoral. Yo les dije luego en una asamblea: “Les tengo una mala noticia, no soy candidato y no hay elecciones”.
— ¿Y no lo va a ser?
— No voy a ser candidato, no hay elecciones y no hay pegas.
— ¿No va ser candidato para las próximas presidenciales?
— ¿Cuál es la buena? “Están convocados a construir una nueva opción para hoy, no para el 2014”.
— Me está evadiendo la pregunta. ¿Descarta ser candidato?
— No descarto, pero ése no es el tema. Entiendo tu preocupación y la manera incisiva de cómo tocas el tema, pero no es nuestra preocupación. Están saliendo encuestas que (dicen) a ‘Juan no le gana a Evo o Evo no le gana a Juan’, o (Samuel) Doria Medina o a (Rubén) Costas en Santa Cruz.
— Encuestas en tiempos en que no se avizoran elecciones.
— Así es. Por eso el destino vacío de tu pregunta, te estás lanzando con una hermosa pirueta a una piscina sin agua; no hay elecciones.
— Pero a cuatro años puede que el MSM esté construyendo la candidatura de Del Granado.
— No, no es correcto; el MSM se opone a construir un proyecto alternativo con base en un candidato. No lo vamos a hacer. Una de las falencias que normalmente tienen las estructuras de gobierno es la nominación de autoridades y funcionarios en función de los liderazgos…
Además de los cuatro desafíos, internamente tenemos otros desafíos, para construir desde cuatro escenarios: ideológico, programático, organizacional y dirigencial. Ahí están cifradas las posibilidades de una nueva fuerza alternativa.
A juicio del viceministro César Navarro
Compartió con él durante la alianza MAS-MSM. El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, considera a Juan del Granado como un típico socialdemócrata “de coyuntura”.
— ¿Cuándo lo conoció?
— Entre 1992, cuando era abogado contra Luis García Meza.
— ¿Cómo lo califica?
— Es un cuadro típico de la socialdemocracia lationoamericana, que actúa en función de la coyuntura no marcado por principios ideológicos, que les permite acomodarse a las coyunturas políticas de los diferentes momentos. Cuando se funda el MIR se habla del socialismo, pero cuando entra en crisis la UDP asume otro rol y el MIR se convierte en uno de los trípodes del neoliberalismo y el MBL tarda un poco más, pero termina siendo de la estructura de poder.
— ¿Cómo fue Del Granado como aliado del MAS?
— Más que aliado, el MAS y el Gobierno le permitieron salir de la palestra municipal a la nacional. Incluso impulsaba la candidatura de René Joaquino. El MAS le permitió tener una imagen nacional.
Entrevista publicada el domingo 24 de abril de 2011 en el suplemento Animal Político de La Razón
“De manera autocrítica, asumimos como nuestros los errores de la conducción gubernamental en el primer tiempo; no estamos de ninguna manera ajenos a una autocrítica, aunque nuestra visión fue crítica y autocrítica, buscamos profundizar los aciertos y corregir los errores”.
Rubén D. Atahuichi López
Habla como candidato y dice que no lo es, aunque no descarta esa opción. Pero se decanta contra quien fue aliado suyo, Evo Morales Ayma, en este momento todavía el hombre con más fuerza política en el país. Juan del Granado presenta al Movimiento Sin Miedo (MSM) como la alternativa “ante la debacle masista”.
El ex alcalde de La Paz (1999-2010) ya trabaja para las elecciones “del 2014 o del 2019”. “Desde abril del 2010 estamos relanzando al MSM como opción nacional frente a la debacle masista y la mala conducción de este proceso”, dice.
Según explica, la propuesta del MSM consigna cuatro tipos de ‘construcciones’: económica y productiva, “para la articulación de un nuevo modelo económico”; la autonómica, para la “gestión de intereses de la gente en todos los rincones del país; la institucional, para plantear “una renovada institucionalidad democrática en el país”; y la plurinacional, para “sociedad no solamente de iguales, sino de pueblos y culturas iguales”.
Aunque recuerda a la derecha conservadora y neoliberal, Del Granado se apasiona contra el MAS y su propuesta política. El año 2009, (Álvaro) García Linera ofreció ‘capitalismo andino’ y a los pocos meses se pasó a ‘socialismo comunitario’. Hoy sabemos que hay una gran discusión entre los ‘comunitaristas’ y los ‘industrialistas’.
Ideológicamente, no tienen claras las cosas los amigos del MAS. Hasta se anima a decir que el Gobierno es un “mar de improvisaciones” y un reciclado de ‘unionistas’, adenistas y movimientistas.
— Si lo escuchan (leen) los del MAS, van a sindicarlo de emebelista o aliado del MNR.
— Fue parte de mi trayectoria política y no tengo ningún inconveniente en reivindicar mi pertenencia al viejo MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), que luchó incansablemente por la recuperación democrática.
Reconozco el gravísimo error que cometimos en el MBL (Movimiento Bolivia Libre) de aliarnos con Gonzalo Sánchez de Lozada, pero el MBL fue anterior al MSM y éste no tiene nada que ver con el MBL.
A lo que voy es a que una nueva opción política no puede, si no tiene organización ni cuadros, ser el lugar de reciclaje de la vieja partidocracia y de los corruptos de siempre. Por eso es tarea esencial en una organización la formación.
— ¿Y el MSM es una propuesta de cambio al cambio?
— Sí, y no para el 2014, sino para hoy, porque hoy…
— ¿Y se puede incidir en eso?
— ...hoy, la gente necesita orientación y claridad sobre lo que está pasando en el país para no volver al pasado, y no suponer que estábamos mejor hace cinco años frente a la debacle masista, pero para no quedarnos en el presente, para avanzar en una visión de cambio verdadero, que tiene que ver con los cuatro desafíos que el MSM propone, pero en un ámbito profundamente democrático, teniendo como principio articulador la pluralidad económica. Estamos en contra del estatismo extremo, como estamos en contra del neoliberalismo; debe haber un justo equilibrio entre el mercado y el Estado, que no deben volver al pasado cuando fue anulado por el mercado. Tampoco podemos estar con las chapucerías de estos estatismos extremos, que quieren producir desde leche hasta cartón, pasando por las pilas de litio y las plantas de úrea.
— Eso suena a despecho; el MSM fue parte de la formulación de esos proyectos.
— No, nunca sostuvimos estatismo extremo ni que el Estado tenga que eliminar el mercado y la inversión privada o la producción comunitaria. Nuestra gestión de 10 años en La Paz ha sido un ejemplo de pluralismo; la inversión pública se ha duplicado y la hemos acompañado con acuerdos estratégicos, y con la cooperación internacional.
— Es posible que crean en el presente, pero también se proyectan con fines electorales. ¿Se puede hablar del MSM y Juan del Granado como una opción de cambio al cambio?
—Estamos en la construcción de una nueva alternativa política, que renueve, replantee y reconduzca el cambio para orientar y defender a la gente frente a esta visión autoritaria. Imagínate a qué extremo hemos llegado: Evo, García Linera y ministros calificando a la Central Obrera Boliviana (COB) de derechistas y golpistas, y a los trabajadores, el núcleo central del pueblo, que siempre han alentado el cambio y que siempre han sido el escudo ante las dictaduras. Evo Morales no sería Presidente sin los trabajadores.
Vendrán las elecciones en su momento. Además, somos profundamente democráticos, no vamos a hacer lo que dice García Linera: quieren voltear a Evo. No queremos voltear a nadie. Ojalá le vaya bien a Evo, ojalá gobierne bien.
Y veremos en qué grado de construcción alternativa nos encontramos el 2014 o el 2019.
— ¿Con Juan como candidato?
— No. La demostración es que ganamos La Paz sin Juan, cuando todos, incluyéndote a ti, los periodistas suponían si Juan no era candidato no ganábamos La Paz, mucho más si lo teníamos al frente a Evo Morales, a todo el aparato del MAS, a todo el dinero del Gobierno, a toda la campaña publicitaria en contra.
No te olvides que de Alcalde a ser clonado pasé a ‘Alcalde inepto’, en la boca del Presidente. Si pudimos ganar La Paz sin Juan, ¿por qué no podemos ganar con una propuesta alternativa a la conducción de los espacios nacionales?
— Pero Juan tiene un liderazgo absoluto en el MSM.
— Es relativo. ¿Cómo explicas el triunfo de Luis Revilla? ¿Por qué no puede ser Lucho o Rossío Pimentel (la Alcaldesa de Oruro)?
— Pimentel no es del MSM.
— No importa. El candidato no tiene que ser necesariamente del partido.
— Ah, ¿sí?
— Claro, estamos en una construcción que no puede ser ‘uniquista’ o partidocrática. Lo último que haremos será, pues, elegir candidato.
— ¿No será un riesgo? Pimentel dijo que le tiene miedo al MSM.
— (Se ríe) Sí, la he escuchado y lo comentamos con Rossío. Es que hay problemas, pues, en una conducción compleja como es la Alcaldía destrozada que recibió Rossío, un partido pequeño, el MSM, y las dimensiones del desafío de una persona que viene del periodismo.
Es un conjunto de problemas que todavía no los hemos superado en Oruro. Sigue habiendo una distancia entre el MSM y nuestra Alcaldesa; ella sigue siendo una persona que no es militante del MSM, pero la gestión sí es del MSM, ella llegó a la Alcaldía con nosotros.
— ¿Será potable una candidatura externa en el MSM?
— Claro que sí, perfectamente.
— ¿Para la Presidencia?
— Para la Presidencia, las diputaciones, las gobernaciones o las alcaldías. Es parte de una visión nueva. Así como no puede ser una visión partidocrática, el propio partido tiene que ser una visión nueva. Deberíamos tener un partido autonómico.
¬— ¿Apuesta a que no va a ser candidato presidencial el 2014?
— Ni lo uno ni lo otro, porque no puedo condicionar nada cuando no estamos definiendo candidaturas, cuando ésa no es la tarea. He estado en Guayaramerín y hemos tenido una caravana de recepción de cinco cuadras, y lo primero que me preguntaron tus colegas fue si ya empezó la campaña electoral. Yo les dije luego en una asamblea: “Les tengo una mala noticia, no soy candidato y no hay elecciones”.
— ¿Y no lo va a ser?
— No voy a ser candidato, no hay elecciones y no hay pegas.
— ¿No va ser candidato para las próximas presidenciales?
— ¿Cuál es la buena? “Están convocados a construir una nueva opción para hoy, no para el 2014”.
— Me está evadiendo la pregunta. ¿Descarta ser candidato?
— No descarto, pero ése no es el tema. Entiendo tu preocupación y la manera incisiva de cómo tocas el tema, pero no es nuestra preocupación. Están saliendo encuestas que (dicen) a ‘Juan no le gana a Evo o Evo no le gana a Juan’, o (Samuel) Doria Medina o a (Rubén) Costas en Santa Cruz.
— Encuestas en tiempos en que no se avizoran elecciones.
— Así es. Por eso el destino vacío de tu pregunta, te estás lanzando con una hermosa pirueta a una piscina sin agua; no hay elecciones.
— Pero a cuatro años puede que el MSM esté construyendo la candidatura de Del Granado.
— No, no es correcto; el MSM se opone a construir un proyecto alternativo con base en un candidato. No lo vamos a hacer. Una de las falencias que normalmente tienen las estructuras de gobierno es la nominación de autoridades y funcionarios en función de los liderazgos…
Además de los cuatro desafíos, internamente tenemos otros desafíos, para construir desde cuatro escenarios: ideológico, programático, organizacional y dirigencial. Ahí están cifradas las posibilidades de una nueva fuerza alternativa.
A juicio del viceministro César Navarro
Compartió con él durante la alianza MAS-MSM. El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, considera a Juan del Granado como un típico socialdemócrata “de coyuntura”.
— ¿Cuándo lo conoció?
— Entre 1992, cuando era abogado contra Luis García Meza.
— ¿Cómo lo califica?
— Es un cuadro típico de la socialdemocracia lationoamericana, que actúa en función de la coyuntura no marcado por principios ideológicos, que les permite acomodarse a las coyunturas políticas de los diferentes momentos. Cuando se funda el MIR se habla del socialismo, pero cuando entra en crisis la UDP asume otro rol y el MIR se convierte en uno de los trípodes del neoliberalismo y el MBL tarda un poco más, pero termina siendo de la estructura de poder.
— ¿Cómo fue Del Granado como aliado del MAS?
— Más que aliado, el MAS y el Gobierno le permitieron salir de la palestra municipal a la nacional. Incluso impulsaba la candidatura de René Joaquino. El MAS le permitió tener una imagen nacional.
Entrevista publicada el domingo 24 de abril de 2011 en el suplemento Animal Político de La Razón
Señora Ardaya, no nos cuente el cuento
Rubén D. Atahuichi López
¿Que el caso de los militares metidos en el contrabando es un caso aislado? Al menos yo no me dejo contar el cuento por la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, que el domingo le dijo eso a la red Erbol.
Y tengo muchas razones. Una de ellas pasó como anécdota (para las autoridades), que incluso la conté como noticia mientras escribía para La Prensa, en 2006. A ver, algunos detalles.
Al volver junto con mi hijo de ocho años de mi pueblo en Oruro, ante la falta de un vehículo, tomé uno y otro privados de emergencia. El último, para mi suerte, era ilegal, en la carretera Tambo Quemado-Patacamaya. De pronto, el conductor se dio cuenta que el coche del frente era uno de militares de Curahuara. Nos interceptaron y nos encañonaron luego de una breve persecución. Una hora de vilo, a la medianoche.
Al final, después de un regateo, el dueño del carro pagó 300 dólares, y otros 300 por el camión de adelante, que también había sido suyo. No quise develarme como periodista, habría sido mucho riesgo, y con el niño durmiendo en mis brazos. Sin embargo, traté de ayudar al chofer a evitar que pague, al considerar que al llegar a destino, con el vehículo incautado, íbamos a denunciar a los dos oficiales.
Al retomar el camino, el “chutero”, como se llama a quienes importan carros ilegales, me comentó que esa “requisa” era normal, que la idea era evadirla en altas horas de la noche. No fue su día-noche, pero el de esos militares del Regimiento Tocopilla sí, que como muchas otras unidades militares semanas antes habían sido encomendadas por el presidente Evo Morales a apoyar las tareas de interdicción al contrabando.
El ratón cuidando el queso. Eso también pasa con algunos oficiales del Control Operativo Aduanero (COA). Hace poco, cuando escribía para Erbol, investigué varios casos en los que oficiales policías estaban implicados en delitos de contrabando. Hasta supe que cuando un jefe del COA se refiere al paso libre de camiones de contrabando le dice a su subalterno que “ése tiene su pin”. Es decir, el dueño de la mercadería ya había pagado la coima.
Otro caso, que investiga el Ministerio Publico, se refiere a la implicación del gerente regional de El Alto, José Luis Lafuente, quien, a pesar sido sujeto de arresto domiciliario por una investigación sobre delitos aduaneros , consiguió volver a sus oficinas. Otras 17 personas están implicadas en el caso, la mayoría de ellas funcionarios de la oficina de interdicción al contrabando.
Cuestionada sobre la actuación de algunos funcionarios y policías implicados en ilícitos, Ardaya dijo que “son personas” y no hay corrupción en la Aduana Nacional hasta “donde pueda controlarla”.
En otra entrevista, el comandante del COA, Osvaldo Cabrera, coincidió con la Presidenta de la Aduana. “Yo no puedo meter las manos al fuego” por ninguno de los policías a su mando, “son personas humanas y tienen debilidades”, decía.
Son algunos casos, pero yo no creo que sean aislados. En el COA dicen que el “sistema” continúa, es decir, el cobro de sobornos por el paso de contrabando. Y los militares no son angelitos, sólo falta escudriñar el contrabando de combustibles al Perú, seguro que están metidos en eso, como dicen en off el COA.
Así que no nos cuenten el cuento. El contrabando pasa por las narices de la Aduana Nacional y no es difícil de detectarlo.
Columna publicada en La Razón
¿Que el caso de los militares metidos en el contrabando es un caso aislado? Al menos yo no me dejo contar el cuento por la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, que el domingo le dijo eso a la red Erbol.
Y tengo muchas razones. Una de ellas pasó como anécdota (para las autoridades), que incluso la conté como noticia mientras escribía para La Prensa, en 2006. A ver, algunos detalles.
Al volver junto con mi hijo de ocho años de mi pueblo en Oruro, ante la falta de un vehículo, tomé uno y otro privados de emergencia. El último, para mi suerte, era ilegal, en la carretera Tambo Quemado-Patacamaya. De pronto, el conductor se dio cuenta que el coche del frente era uno de militares de Curahuara. Nos interceptaron y nos encañonaron luego de una breve persecución. Una hora de vilo, a la medianoche.
Al final, después de un regateo, el dueño del carro pagó 300 dólares, y otros 300 por el camión de adelante, que también había sido suyo. No quise develarme como periodista, habría sido mucho riesgo, y con el niño durmiendo en mis brazos. Sin embargo, traté de ayudar al chofer a evitar que pague, al considerar que al llegar a destino, con el vehículo incautado, íbamos a denunciar a los dos oficiales.
Al retomar el camino, el “chutero”, como se llama a quienes importan carros ilegales, me comentó que esa “requisa” era normal, que la idea era evadirla en altas horas de la noche. No fue su día-noche, pero el de esos militares del Regimiento Tocopilla sí, que como muchas otras unidades militares semanas antes habían sido encomendadas por el presidente Evo Morales a apoyar las tareas de interdicción al contrabando.
El ratón cuidando el queso. Eso también pasa con algunos oficiales del Control Operativo Aduanero (COA). Hace poco, cuando escribía para Erbol, investigué varios casos en los que oficiales policías estaban implicados en delitos de contrabando. Hasta supe que cuando un jefe del COA se refiere al paso libre de camiones de contrabando le dice a su subalterno que “ése tiene su pin”. Es decir, el dueño de la mercadería ya había pagado la coima.
Otro caso, que investiga el Ministerio Publico, se refiere a la implicación del gerente regional de El Alto, José Luis Lafuente, quien, a pesar sido sujeto de arresto domiciliario por una investigación sobre delitos aduaneros , consiguió volver a sus oficinas. Otras 17 personas están implicadas en el caso, la mayoría de ellas funcionarios de la oficina de interdicción al contrabando.
Cuestionada sobre la actuación de algunos funcionarios y policías implicados en ilícitos, Ardaya dijo que “son personas” y no hay corrupción en la Aduana Nacional hasta “donde pueda controlarla”.
En otra entrevista, el comandante del COA, Osvaldo Cabrera, coincidió con la Presidenta de la Aduana. “Yo no puedo meter las manos al fuego” por ninguno de los policías a su mando, “son personas humanas y tienen debilidades”, decía.
Son algunos casos, pero yo no creo que sean aislados. En el COA dicen que el “sistema” continúa, es decir, el cobro de sobornos por el paso de contrabando. Y los militares no son angelitos, sólo falta escudriñar el contrabando de combustibles al Perú, seguro que están metidos en eso, como dicen en off el COA.
Así que no nos cuenten el cuento. El contrabando pasa por las narices de la Aduana Nacional y no es difícil de detectarlo.
Columna publicada en La Razón
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